
Bogotá, 12 de abril de 2026
El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, informó que cerca de 4 mil víctimas del conflicto pasaron en los últimos cuatro años, de ser dueñas ilegales a dueñas reales, con el apoyo del Programa de Formalización y Saneamiento de la Propiedad Urbana.
“Para el Gobierno Nacional esta es una de las más grandes apuestas institucionales, una herramienta eficaz para garantizar el acceso a un derecho fundamental. Estamos hablando del derecho a la propiedad privada, como base de la proyección de vida y la seguridad de las familias colombianas”, agregó el funcionario.
Formalización de la propiedad como eje de reparación
Durante los últimos cuatro años esta estrategia, desarrollada en articulación con alcaldías y gobernaciones, ha logrado que la propiedad se convierta en un elemento clave para reconstruir proyectos de vida y avanzar en escenarios de legalidad.
Impacto regional y enfoque en población vulnerable
Según la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) los departamentos de Meta y Cesar son los que concentran el mayor número de beneficiarios, con 3.003 y 452 víctimas respectivamente, seguidos por Putumayo y Córdoba. Estas regiones han sido históricamente afectadas por la violencia, lo que resalta la focalización del programa. Además, el 65,77 % de los beneficiarios corresponde a madres cabeza de familia, mientras que el 34,22 % son padres jefes de hogar, lo que evidencia un enfoque diferencial orientado al fortalecimiento de la equidad.
Garantías jurídicas y proyección de estabilidad
El programa de formalización y saneamiento de la propiedad urbana se consolida como una herramienta clave para asegurar el derecho a una vivienda digna y a la propiedad privada. Asimismo, busca ofrecer seguridad en la tenencia, mediante protección jurídica frente a riesgos como desalojos forzosos o amenazas.
Luego de más de seis décadas de conflicto, la titulación de predios representa un avance en la construcción de condiciones de estabilidad para miles de familias colombianas. El Estado ha fortalecido sus acciones de reparación integral mediante entidades como la SNR.
“La Supernotariado trabaja para derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia, en términos de leyes discriminatorias, prácticas sociales nocivas y sistemas legales débiles, que van en contravía del bienestar de los ciudadanos. Esto incluye, por supuesto, a las personas afectadas por la guerra”, explicó el Superintendente de Notariado y Registro.
Con información de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)















