La entidad, integrada por la Gobernación de Risaralda y la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, rechazan acusaciones infundadas.
Pereira, 6 de febrero de 2025.
La Mesa Territorial de Garantías de Líderes, Lideresas y Defensores de Derechos Humanos de Risaralda, creada mediante el Decreto 1038 del 21 de noviembre de 2022, en coordinación con la Gobernación de Risaralda, se dirige a la opinión pública para hacer las siguientes precisiones:
La Gobernación de Risaralda y La Defensoría del Pueblo Regional Risaralda realizan la siguiente aclaración a la Opinión Pública: Diferenciación de Organizaciones y Rechazo a Acusaciones Infundadas.
1. No existe relación entre nuestra organización y la mencionada en la Acción Urgente de enero de 2025 titulada «Torturas, Homicidios y Desmembramientos de Jóvenes en el Área Metropolitana Centro Occidente». Aunque el nombre pueda parecer similar, se trata de organizaciones completamente distintas y con propósitos diferentes.
2. En el citado documento, se mencionan señalamientos graves contra funcionarios públicos, incluyendo al alcalde de Dosquebradas, el Gobernador de Risaralda, el secretario de Gobierno Departamental y la Policía Nacional. Es importante recalcar que nuestra Mesa Territorial de Garantías de Risaralda no respalda ni ha emitido dichas afirmaciones.
3. Rechazamos categóricamente cualquier acusación que carezca de sustento probatorio, ya que la presunción de inocencia es un derecho fundamental y las responsabilidades deben determinarse con base en evidencias verificadas y procesos judiciales transparentes, adelantados por la Fiscalía General de la Nación, órgano de persecución penal competente para tal fin.
4. Los consejos de seguridad han dado cuenta del actuar de todas las autoridades frente a la situación de orden público en el departamento, lo que demuestra que existe un seguimiento institucional y medidas adoptadas en respuesta a los hechos denunciados.
5. Las responsabilidades han sido debidamente asignadas y existe una coordinación efectiva entre alcaldes, la Gobernación de Risaralda, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para abordar la problemática de seguridad en el territorio. Las estrategias y acciones están siendo implementadas de manera conjunta para garantizar el orden y la protección de los ciudadanos.
6. Hacemos un llamado a la rigurosidad en la información y a la no utilización de denuncias sin pruebas que puedan afectar la confianza en las instituciones y la labor de los servidores públicos, cuyo actuar debe analizarse en el marco del debido proceso.
7. Instamos a la comunidad, a los medios de comunicación y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a no confundir nuestra labor con la de otras organizaciones y a verificar las fuentes antes de asumir responsabilidades que no han sido establecidas por las autoridades competentes.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en Risaralda, dentro del marco de la institucionalidad y la legalidad, promoviendo el diálogo y la articulación efectiva con el Estado para la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas.
