El Ministerio de Relaciones Exteriores culminó los ciclos deliberativos para el diseño de la Política Pública de Refugio, cerrando la fase de agenda pública de un proceso participativo orientado a fortalecer el sistema de protección internacional en Colombia.

Desde el 2021, Colombia recibió un promedio de 9.300 solicitudes de refugio anuales frente a las 520 registradas en el 2017. Este incremento ha significado un desafío significativo para la capacidad histórica del sistema de refugio, lo que llevó a fortalecer los mecanismos institucionales y tecnológicos para responder a esta demanda. 

Los ciclos deliberativos se enmarcan en las acciones estratégicas adoptadas por el Estado colombiano para dar cumplimiento a la Sentencia de Unificación SU-543 de 2023 de la Corte Constitucional. 

Entre los meses de marzo y junio, se desarrollaron diez ciclos deliberativos que dieron forma a la fase de agenda pública del diseño de la Política Pública de Refugio. La construcción de esta política inició con tres ciclos deliberativos en Pasto, Manizales y Bogotá, que marcaron el punto de partida del diálogo territorial y permitieron identificar los principales retos del sistema de refugio. Posteriormente, el proceso continuó con el cuarto ciclo deliberativo en Barranquilla, en el que se recogieron insumos desde la región Caribe.

El ejercicio participativo avanzó con el quinto y sexto ciclo en Cúcuta y Cali, territorios con alta presión migratoria, incorporando aportes técnicos, comunitarios y territoriales desde el oriente y occidente del país. Los séptimo y octavo ciclos en La Guajira y Antioquia profundizaron en las realidades de zonas fronterizas y de alta movilidad humana. A su vez, el noveno ciclo, realizado de manera virtual, permitió la participación de actores de los departamentos de la Orinoquía, Amazonas y Putumayo. Finalmente, el décimo ciclo deliberativo tuvo lugar en Bogotá, cerrando la fase de agenda pública del proceso.

Además de recoger insumos para la formulación de la Política Pública de Refugio, estos espacios permitieron socializar información sobre la aplicación de la figura del refugio en Colombia, en el marco de la protección internacional, así como aclarar las diferencias frente a otras figuras de regularización migratoria para personas extranjeras, fortaleciendo el conocimiento institucional y comunitario sobre los mecanismos de protección existentes.

Al referirse al alcance de la política que se está diseñando, la viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional, Paula Andrea Cerón Arboleda, señaló que “una política pública de refugio no puede limitarse al procedimiento de determinación, sino que debe garantizar condiciones efectivas de integración socioeconómica para las personas que reciben protección internacional”. 

En total, los ciclos deliberativos contaron con la participación de más de 700 personas, entre representantes de entidades del orden nacional, departamental y municipal; gobernaciones, alcaldías y personerías; organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria; academia; organismos internacionales; y personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio.

El proceso contó con el apoyo de la Unión Europea, a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cuyo acompañamiento ha permitido fortalecer capacidades institucionales y el sistema de refugio en el país. 

M.R.E