16 de julio de 2026.

El presidente electo Abelardo De La Espriella ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales de vigilancia preventiva, intervenga de manera urgente e indispensable en varios procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que involucran asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos.

La instrucción busca garantizar que las decisiones que hoy adopta la UNP se desarrollen con absoluto respeto por los principios de legalidad, transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva, especialmente cuando comprometen la seguridad del Presidente de la República que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, de los integrantes de su gabinete ministerial y de miles de personas que dependen de los esquemas de protección del Estado.

La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.

De acuerdo con la solicitud, la adjudicación de este contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, situación que impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros.

Por esta razón, el Gobierno electo solicitó a la Procuraduría asumir vigilancia preventiva sobre el proceso, requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación.

La solicitud también incluye la intervención preventiva del Ministerio Público frente al proceso mediante el cual la UNP prevé proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.

De igual manera, el presidente electo ordenó solicitar vigilancia preventiva sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, mediante el cual la Unidad Nacional de Protección busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país.

La petición solicita revisar aspectos relacionados con la planeación del proceso, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes, con el propósito de asegurar una contratación transparente y plenamente ajustada a la normatividad vigente.

La comunicación remitida al Procurador General también solicita ejercer vigilancia preventiva sobre seis procesos de contratación iniciados durante julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas.

Frente a estos procesos, el Gobierno electo considera necesario verificar si las necesidades que dieron origen a cada contratación se encuentran debidamente sustentadas y si existían condiciones para consolidarlas en un solo procedimiento contractual que permitiera una mayor eficiencia administrativa, economías de escala y una mejor utilización de los recursos públicos. Asimismo, pidió revisar los estudios previos, el análisis del sector, las especificaciones técnicas y los requisitos habilitantes, con el fin de garantizar la libre concurrencia, la selección objetiva, la transparencia y la adecuada protección del patrimonio público.

El presidente electo Abelardo De La Espriella ha reiterado que la transición entre gobiernos debe desarrollarse con absoluto respeto por las instituciones y bajo los más altos estándares de legalidad y responsabilidad administrativa. Por ello, considera que la intervención preventiva de la Procuraduría resulta necesaria para fortalecer la confianza institucional, proteger el derecho fundamental a la vida de las personas amparadas por la UNP y asegurar que todas las decisiones relacionadas con estos procesos se adopten con plena observancia de la Constitución, la ley y el interés general.

Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia

Equipo Revista Espectacular2000 – Foto: Luis Acosta/AFP via Getty Images