Rodolfo Hernández: EFE
El antiguo magistrado Julio César Ortiz, representante legal de Hernández, ha instado a la declaración de la invalidez del fallo emitido por la procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa en 2019, que resultó en la suspensión y la inhabilitación de su cliente por un período de 8 meses.
Esta medida disciplinaria contra Hernández, quien fue elegido mediante votación popular, implicó el cobro de salarios devengados hasta ese momento, ascendiendo a 124 millones de pesos.
Además, Ortiz ha solicitado la anulación de la sentencia del 18 de agosto de 2020 dictada por la sala disciplinaria de la Procuraduría, la cual ratificó la decisión de la primera instancia. Esta sanción está relacionada con el incidente en el que Hernández abofeteó al concejal Jhon Jairo Claro Arévalo el 22 de julio de 2019, lo que resultó en la sanción por no cumplir con el deber de tratar con respeto y dignidad al miembro del concejo.
El Consejo de Estado revocó la sanción impuesta por la Procuraduría en 2019 a Rodolfo Hernández, la cual estaba relacionada con la cachetada que dio al concejal Claro Arévalo mientras era alcalde de Bucaramanga. Esta sanción de ocho meses se tradujo en una multa de 124 millones de pesos, ya que Hernández ya no ocupaba el cargo en el momento de la sanción.
Esta decisión del alto tribunal se produjo después de anular el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que inicialmente negó la suspensión de la sanción, argumentando que en este caso no aplicaba la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Petro. Sin embargo, el alto tribunal no estuvo de acuerdo, afirmando que el Ministerio Público no podía sancionarlo por haber sido elegido popularmente, según la sentencia internacional.
A pesar de esto, Hernández enfrenta otra sanción pendiente impuesta por la Procuraduría en 2023, que lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 14 años. Esta medida disciplinaria se relaciona con su participación en un proceso contractual en 2016 mientras era alcalde de Bucaramanga, donde presuntamente favoreció a su hijo en la adquisición de tecnología de aseo para la ciudad. La Procuraduría encontró evidencia de que Hernández utilizó su cargo para beneficiar a la empresa Vitalogic RSU, donde su hijo actuaba como intermediario, lo que podría haber resultado en ganancias de hasta US$100 millones para él.
