El Gobierno Nacional, representado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de reforma política y electoral.
Esta iniciativa tiene como objetivo central modernizar el sistema político colombiano, haciéndolo más transparente, representativo y libre de corrupción. La reforma, que ya fue socializada con las comisiones primeras del Senado y la Cámara, plantea cambios estructurales en tres ejes fundamentales:
- La financiación estatal de las campañas
- La implementación de listas cerradas
- La creación de una autoridad electoral independiente
1. Transparencia en la financiación de las campañas
Uno de los componentes clave de la reforma es la financiación exclusivamente estatal de las campañas políticas. Esta medida tiene como finalidad eliminar la influencia indebida de intereses privados en el proceso electoral, promoviendo así una competencia más equitativa.
De acuerdo con el proyecto, se prohibirán las donaciones, regalos y contribuciones de ciudadanos a las campañas, así como la contratación de transporte para movilizar votantes el día de los comicios.
Con la financiación estatal, se busca garantizar igualdad de oportunidades entre las distintas fuerzas políticas, promoviendo la rendición de cuentas y el cumplimiento de los topes de gastos electorales.
Esto, según el ministro Juan Fernando Cristo, permitirá reducir significativamente el riesgo de corrupción en las campañas y fortalecerá la confianza pública en el sistema político.
2. Listas cerradas para corporaciones públicas
Otro de los pilares de la reforma es la implementación de listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas, como el Congreso, las asambleas y los concejos, a partir del año 2030.
Esta medida está diseñada para fortalecer la cohesión interna de los partidos políticos, eliminar las luchas internas entre candidatos y fomentar una representación más organizada y programática.
Las listas cerradas, según explicó el ministro Cristo, garantizarán una representación colectiva de los partidos y permitirán una mayor estabilidad y coherencia en sus propuestas.
Al eliminar la competencia interna entre candidatos, también se reducirá el costo de las campañas electorales, favoreciendo las campañas conjuntas y la promoción de proyectos políticos que representen a toda la colectividad. “Las listas cerradas, en últimas, fortalecen los partidos y despersonalizan la política», subrayó el ministro.
3. Creación de una autoridad electoral independiente
El tercer eje de la reforma se enfoca en la creación de una autoridad electoral completamente independiente de las fuerzas políticas, con el objetivo de garantizar un proceso electoral más transparente y confiable.
La autoridad electoral central tendrá entre sus principales funciones la vigilancia del censo electoral, la fijación de topes de gasto en las campañas y la revocación de candidaturas de personas inhabilitadas.
El ministro del Interior afirmó que esta medida es fundamental para eliminar la influencia de los partidos sobre el proceso electoral y para aumentar la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones. «Sin una reforma de esta naturaleza no se van a acabar nunca los escándalos de corrupción en el sistema político colombiano«, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de contar con una autoridad imparcial que supervise de manera rigurosa todos los aspectos del proceso electoral.
Una reforma para consolidar la democracia
El proyecto de reforma política y electoral responde a las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2017, surgida del Acuerdo Final de Paz de 2016.
Esta reforma es vista por el Gobierno como un paso crucial para modernizar las instituciones democráticas del país, promover la transparencia en los procesos electorales y garantizar que el sistema político sea verdaderamente representativo.
Con esta reforma, se pretende que Colombia avance hacia una democracia más robusta, donde el calendario electoral se respete y los partidos políticos actúen con mayor responsabilidad y transparencia.
El Gobierno espera que el Congreso apruebe estas medidas, que consideran esenciales para el futuro de la democracia colombiana.
