Un soldado de la Guardia Nacional de Texas vigila a un grupo de migrantes que cruzaron el Río Grande desde México en Eagle Pass, Texas, el 18 de diciembre de 2023. John Moore/Getty Images
El Tribunal Supremo de EE.UU. emitió el 19 de marzo de 2024 un dictamen según el cual el estado de Texas puede deportar a los inmigrantes indocumentados, lo que tradicionalmente ha sido responsabilidad del gobierno federal.
La normativa, conocida como SB 4, se aprobó con la oposición de tres magistradas progresistas. “Esa ley altera el equilibrio de poder entre el gobierno federal y el estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el gobierno nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos”, argumentaron las juezas en su voto en contra.
El gobierno de Joe Biden había intentado bloquear sin éxito la aplicación de la ley SB 4, sosteniendo que es “totalmente incompatible con la legislación federal”.
Esta decisión se produce poco después de que fracasara una propuesta del Senado para reforzar la seguridad fronteriza y dificultar la obtención de asilo en EE.UU. También coincide con la creciente preocupación por la inmigración entre los estadounidenses.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, lleva desde 2021 enfrentado a la administración Biden por este asunto. Bajo el liderazgo de Abbott, Texas ha enviado tropas de la Guardia Nacional de Texas y policías estatales a su frontera de 1 254 millas con México. Texas es el único estado fronterizo que ha construido su propio muro con sus vecinos del sur.
Los intentos de controlar la frontera con México e intervenir en cuestiones de inmigración se deben en parte a que muchos tejanos creen que su Estado es único.
Para empezar, Texas es, después de Alaska, el estado más grande de Estados Unidos y el segundo más poblado después de California. Tiene una cultura estatal distinta y la historia de ser una república independiente. En la actualidad, es el estado rojo más poderoso e influyente, y se opone a la administración Biden en muchas cuestiones políticas. También alberga un pequeño pero creciente movimiento político que aboga por separarse de Estados Unidos y convertirse en un país independiente.
Hay mucho de cierto en el dicho popular de que todo es más grande en Texas.
Batalla por la seguridad fronteriza
Abbott, reforzado por los votantes republicanos y el apoyo unánime de sus representantes en Washington, ha logrado que Texas se implique más en la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración que ningún otro estado en la historia reciente.
En diciembre de 2023, firmó la ley SB 4, que convirtió en delito estatal el cruce ilegal de la frontera. La norma también otorga a los jueces de Texas el poder de deportar a los inmigrantes indocumentados. La SB 4 se aplicará ahora, al menos hasta que el Tribunal de Apelaciones emita una decisión en abril.
Las intervenciones de Abbott en materia de seguridad fronteriza están financiadas por una iniciativa estatal de 2021 denominada Operación Estrella Solitaria. Durante los dos primeros años del programa, Texas gastó 4 400 millones de dólares en una estrategia multifacética que incluye, por ejemplo, el envío de tropas de la Guardia Nacional de Texas a la frontera. En algunos casos, estas tropas han impedido hacer su trabajo a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
Ahora, Texas está gastando 5 100 millones de dólares en tratar de patrullar la frontera. A esta cifra habría que sumarle 1 500 millones de dólares adicionales para la expansión del muro fronterizo.
Desde 2022, desde Texas han sido enviados más de 100 000 inmigrantes a ciudades liberales como Nueva York y Chicago. Y en 2023, Texas construyó una barrera de boyas en medio del Río Grande, aunque un tribunal federal de apelaciones dictaminó en diciembre que debe retirarla.
El gobierno de Biden ha impugnado prácticamente todas estas medidas, por inconstitucionales, ante los tribunales, ya que sólo el Ejecutivo federal puede hacer cumplir la ley de inmigración. También sostiene que la nueva ley, que permite a las autoridades estatales las deportaciones, interferiría con el proceso federal de asilo.
En respuesta, Texas afirma que se ha visto obligada a actuar porque el gobierno federal no puede asegurar adecuadamente la frontera. Abbott y otros republicanos hablan del fenómeno migratorio como una “invasión”, lo que les da el derecho a defenderse, como dicen que permite la Constitución de EE.UU..
Texas, sitio distinto
Entender la particular historia de Texas y el sentimiento de orgullo de los tejanos por su estado ayuda a comprender mejor el contexto que hay detrás de este conflicto.
En Texas es imposible moverse sin ver la bandera tejana ondeando en el exterior de casas y escaparates de negocios. Es bastante habitual ver a personas que visten camisetas y gorras con esa bandera.
Texas pasó directamente de ser una república independiente –de 1836 a 1845– a obtener la condición de estado.
También ha estado dirigida ininterrumpidamente por un gobernador republicano desde 1992, cuando George W. Bush fue elegido por primera vez. Ningún demócrata ha ganado unas elecciones estatales desde 1994.
Un impulso a la secesión
Mientras el gobierno del estado de Texas desafía las competencias del gobierno federal, también se ha producido un aumento del apoyo a un grupo político llamado Movimiento Nacionalista de Texas, que desde 2005 aboga por que Texas se separe de Estados Unidos.
Los líderes políticos republicanos de Texas no han abrazado este movimiento de secesión, a menudo llamado “TEXIT”. Recientemente, Matt Rinaldi, el ultraconservador presidente del Partido Republicano de Texas, mantuvo una propuesta de secesión fuera de la papeleta de las primarias republicanas.
Los republicanos siguen utilizando la inmigración y la seguridad fronteriza como tema principal para atraer a los votantes conservadores e independientes de cara a las elecciones de 2024.
Y, aunque el TEXIT no va a suceder, los republicanos de Texas seguirán promoviendo enérgicamente la autonomía de este estado, apelando al orgullo de sus votantes.
Mark P Jones, Joseph D. Jamail Chair in Latin American Studies & Baker Institute Political Science Fellow, Rice University
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
