El Ministerio de Relaciones Exteriores participó de la Audiencia Temática sobre ‘Derechos Humanos de personas en Movilidad Humana en la selva Colombo-Panameña’

 
El pasado 13 de noviembre, en el marco del 191° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana, la Dirección de Derechos Humanos -Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores participó de la Audiencia Temática sobre “Derechos Humanos de personas en Movilidad Humana en la selva Colombo-Panameña”.

El Darién, con una población de 130 mil habitantes, pasó de recibir 700 migrantes irregulares en tránsito en 2012 a 539.959 en 2023, generando retos e impactos en las comunidades locales, cuyos derechos también deben ser garantizados por el Estado colombiano.

La política migratoria es un asunto prioritario en la agenda internacional de Colombia, como lo evidencia el ser el país más solidario, comprometido y abierto frente a la regularización de migrantes y garante a nivel hemisférico de los derechos humanos de esta población.

Ningún Estado puede abordar de manera aislada la creciente movilidad humana. Por el contrario, es necesario promover un marco de corresponsabilidad, articulación y coordinación entre los Estados de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios que confluyen en el Darién, como fundamento para la gestión y la gobernanza migratoria que atienda las causas estructurales de la migración irregular, proteja los derechos de los migrantes y garantice el tránsito seguro, entre mucho otros más.

En la Audiencia se relacionaron las acciones desarrolladas y los desafíos que persisten para mejorar la respuesta y la gestión migratoria; generar acceso a vías legales de migración en relación con visados; la implementación de medidas especiales migratorias; llevar a cabo intercambio de información sobre flujos mixtos; fortalecer y poner en marcha plataformas regionales de lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes; estructurar respuestas conjuntas, que se ajusten a los estándares internacionales de los instrumentos de derechos humanos y el principio de responsabilidad compartida; garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos y conductas delictivas derivados de este proceso migratorio, entre otros.

(M.R.E)




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