Foto: Ministerio de Justicia y del Derecho
En un destacado encuentro celebrado en el Auditorio Jaime Hoyos de la Universidad Javeriana bajo el título «Los Aportes de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal a la Construcción de Paz en Colombia», se ha emitido un llamado urgente hacia la materialización de una Colombia libre de minas antipersonal.
Nathalie Ochoa, líder del programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) perteneciente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), ha subrayado la trascendencia de la transformación territorial exenta de estos artefactos, afirmando que constituye un pilar fundamental para avanzar hacia un entorno seguro y libre de amenazas.
En consonancia, Catalina Velásquez, oficial del Servicio de Acción contra Minas de Naciones Unidas (UNMAS), y colíder del Área de Responsabilidad de Acción contra Minas (AdR AcM), ha enfatizado la necesidad apremiante de integrar la acción contra minas en los diálogos de paz, como medida crucial para frenar su utilización por parte de grupos armados no estatales.
Los últimos datos revelan un hito significativo: el 81 % del territorio nacional colombiano se encuentra libre de minas antipersonal. Esta revelación, presentada en la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal el 4 de abril en Bogotá, ha congregado a una variada gama de organizaciones humanitarias y entidades gubernamentales.
Entre los avances notables en la lucha contra este flagelo se destaca la descontaminación de más de 14 millones de metros cuadrados de tierra. Más de 300 municipios han sido objeto de operaciones de desminado humanitario y cerca de un millón de personas han recibido formación sobre la prevención de accidentes gracias al programa Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal.
Sin embargo, persisten desafíos considerables. Colombia continúa siendo uno de los pocos países donde aún se fabrican e instalan estos artefactos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario como método de guerra.
Históricamente, los datos oficiales reflejan la dolorosa realidad de 12,429 víctimas de minas antipersonal hasta febrero de este año, con 98 incidentes registrados solo en 2023. Los civiles constituyen el 60 % de estas víctimas, una tendencia preocupante que se mantiene desde 2017.
A pesar de una reducción en la cifra oficial de víctimas y accidentes durante los últimos tres años, los eventos relacionados con artefactos explosivos se han duplicado de 489 en 2022 a 929 en 2023.
El Gobierno del Cambio, consciente de la vital importancia de la acción contra minas para la consecución de una Paz Total, ha implementado diversas iniciativas para la descontaminación de territorios y la prevención de accidentes.
En este contexto, tanto organizaciones humanitarias como el Gobierno reiteran su compromiso inquebrantable con la protección de las comunidades afectadas por la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos. Se insta encarecidamente a los grupos armados a cesar su utilización, respetando los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario.
CON INFORMACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
