- Naciones Unidas adoptó de manera unánime la resolución titulada: “Implicaciones de las políticas de drogas sobre los Derechos Humanos”, presentada y cofacilitada por Colombia, en nombre de un amplio grupo de países, con el apoyo de 36 Estados copatrocinadores.
La adopción por consenso de esta resolución constituye un hito para la política exterior colombiana, en cuanto el texto materializa la aspiración de posicionar los asuntos relacionados con las drogas de manera permanente en las cuestiones que aborda el Consejo de Derechos Humanos, consolidando así un entendimiento multilateral más equilibrado, integral y multidisciplinario, desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo la coherencia y la coordinación entre los diferentes componentes del sistema de Naciones Unidas.
La resolución reconoce que las políticas de fiscalización de drogas pueden entenderse como un medio para alcanzar objetivos más amplios, tales como la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, garantizando la igualdad y la no discriminación.
Entre los principales mandatos contenidos en la resolución se destacan:
- La solicitud al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de elaborar un informe sobre los desafíos de derechos humanos asociados a las políticas de drogas, con especial atención a sus repercusiones sobre los derechos de las mujeres y las niñas, que será presentado en la 63ª sesión del Consejo (2027).
- La convocatoria a una mesa redonda temática antes de la 64ª sesión (2027), cuyo informe será presentado en la 66ª sesión (2028).
- La invitación a los mecanismos de derechos humanos del sistema universal a examinar, dentro de sus respectivos mandatos, las repercusiones de las políticas de drogas sobre los derechos humanos.
- La inclusión explícita de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas como referencia normativa.
- El reconocimiento del trabajo previo del sistema universal de derechos humanos en la materia, incluyendo los informes del Alto Comisionado, los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo temáticos.
La resolución también incorpora lenguaje sobre reducción de daños y derecho a la salud, así como referencias específicas a temas de discriminación racial, participación de la sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes, igualdad de género, alternativas al encarcelamiento, derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, desarrollo alternativo y VIH/SIDA.
Con este resultado, Colombia promueve a nivel internacional la construcción de consensos multilaterales orientados a una política de drogas centrada en los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo sostenible, en línea con la Política Nacional de Drogas 2023–2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”.
La adopción de la resolución fue posible gracias a un ejercicio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, y contó con el apoyo y aportes de múltiples entidades nacionales.
