Así lo reveló el más reciente Informe de Litigiosidad Nacional e Internacional al cierre de 2025, emitido por la Dirección de Gestión de la Información, en el cual se indicó que el Estado colombiano enfrenta en la actualidad procesos judiciales con pretensiones que superan los $699 billones; sin embargo, el ingreso de nuevas demandas muestra una tendencia descendente.
Según el informe, en la actualidad existen 291.919 procesos judiciales activos contra entidades públicas y 66.548 nuevas admisiones y notificaciones durante el año, consolidando el descenso iniciado tras el pico registrado en 2022.
El documento evidencia la estabilidad en el número de controversias internacionales de inversión en etapa arbitral y un leve incremento en las controversias en etapa prearbitral.
En materia de derechos humanos y resolución alternativa de conflictos destaca la homologación de 13 Acuerdos de Solución Amistosa ante el Sistema Interamericano, cifra que refleja el compromiso institucional con la reparación y el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
El análisis del año 2025 muestra que el principal desafío para el Estado no está en la cantidad de demandas sino en su impacto económico. En otras palabras, aunque más de la mitad de los procesos tiene pretensiones inferiores a $50 millones, el 0,3% del total de los procesos judiciales en contra concentra el 79,1% del valor total reclamado, lo que evidencia una alta concentración del riesgo fiscal en litigios estratégicos de gran cuantía.
Las demandas administrativas no laborales siguen siendo uno de los principales focos de exposición jurídica, al concentrar la mayor proporción del valor económico reclamado.
El fortalecimiento del Sistema eKOGUI que ya cuenta con la certificación estadística bajo estándares del Sistema Estadístico Nacional y la vinculación de 313 entidades territoriales consolida esta herramienta y fortalece el uso de información basada en datos para anticipar tendencias, gestionar riesgos y fortalecer la defensa jurídica del Estado.
Con información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
