Con una postura activa y propositiva, Colombia reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del derecho internacional durante la 11ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG) sobre empresas transnacionales y derechos humanos, realizada entre el 20 y el 24 de octubre en Naciones Unidas.
El encuentro, convocado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en virtud de la Resolución 26/9, busca avanzar en la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante que regule la actuación empresarial en materia de derechos humanos.
La delegación colombiana, integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Derechos Humanos y DIH, la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, presentó una posición construida de manera interinstitucional y participativa, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y nutrida por los aportes de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado.
Durante las deliberaciones, Colombia destacó la necesidad de establecer obligaciones claras y vinculantes para las empresas, más allá de la debida diligencia, e incorporar deberes explícitos de respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo, propuso un enfoque diferencial e interseccional que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, comunidades étnicas, mujeres, niños, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, líderes sociales, migrantes y población LGBTIQ+.
La delegación también abogó por garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas, regular toda la cadena de valor con responsabilidades proporcionales al tamaño empresarial y reconocer el derecho a un ambiente sano. Además, respaldó la creación de mecanismos de supervisión independientes, como un fondo internacional para víctimas y la posibilidad de establecer un tribunal internacional especializado.
La participación de Colombia fue reconocida por su apoyo constructivo al proceso de negociación, que culminó con la adopción por consenso del informe final y la hoja de ruta hacia 2026. Con ello, el país consolidó su papel como actor clave en la promoción de una gobernanza económica centrada en los derechos humanos.
