Madrid, octubre 21 de 2025
En la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados de España, el Estado colombiano pidió perdón a 25 personas y organizaciones sociales españolas y colombianas que fueron perseguidas en Europa por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El acto de reconocimiento y perdón extrajudicial estuvo encabezado por el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, y el director de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nelson Restrepo, quienes reconocieron la responsabilidad estatal en las violaciones cometidas y reafirmaron el compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición.
“Este encuentro no solo es una ceremonia, es un acto de verdad y de justicia; un momento en el que el Estado colombiano se detiene, escucha y reconoce los errores del pasado”, expresó el embajador Ávila. Agregó que la memoria es una forma de reparación y un paso necesario hacia una paz duradera.
Nelson Restrepo destacó que este acto constituye un avance en la reparación simbólica a las víctimas del espionaje ilegal. “Se ha reconocido un crimen cometido por una institución del Estado colombiano. Nos hemos comprometido a avanzar en la verdad jurídica, la memoria, la justicia, la reparación y la no repetición”, afirmó.
Desde el exilio, Leila Ordoñez, una de las víctimas reconocidas, subrayó la importancia del perdón oficial: “Hay que poner rostro a los responsables políticos de esta persecución. La revictimización continúa incluso fuera del país, y por eso es fundamental mantener viva la memoria”.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el DAS realizó interceptaciones ilegales, seguimientos y hostigamientos contra defensores y organizaciones en Europa. En España, varias víctimas fueron sometidas a controles abusivos en aeropuertos y otros espacios públicos.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad concluyó que el Estado colombiano incurrió en persecución política, calumnias e intercambio de información con grupos paramilitares, afectando incluso a personas refugiadas. Estas acciones, señaló el informe, vulneraron derechos fundamentales como la intimidad, el trabajo y el buen nombre, dejando secuelas duraderas en quienes dedicaron su vida a la defensa de los derechos humanos.
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