Con inversión de 150 millones de dólares, en Colombia se pone en marcha nueva Política Nacional de Salud Mental

El país cuenta con una nueva Política Nacional de Salud Mental, adoptada mediante el Decreto 0729 de 2025, que busca transformar la atención, fortalecer la prevención y consolidar una red nacional enfocada en el bienestar emocional de los colombianos.

La estrategia establece un modelo articulado de servicios que funcionará de manera escalonada e interconectada. En su primera fase contempla 101 proyectos de infraestructura, la creación de un centro nacional de referencia, 39 centros regionales y 14 vehículos de transporte multimodal destinados a mejorar la cobertura en las zonas más apartadas del país.

El plan tendrá una implementación gradual de cuatro años, con acciones que incluyen el fortalecimiento del transporte sanitario, la formación del talento humano y comunitario, y la integración del sistema de urgencias y emergencias bajo protocolos de respuesta rápida y mecanismos de referencia que garanticen la continuidad del cuidado.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente el país cuenta con 10.850 equipos básicos en salud, dentro de los cuales 6.615 profesionales en psicología prestan servicios orientados a garantizar una atención mental continua, accesible y sin discriminación.

Entre los objetivos principales de la política se encuentran:

  • Priorizar los territorios con alta carga de trastornos mentales.
  • Fortalecer la red nacional de atención con enfoque territorial.
  • Reducir las barreras de acceso a los servicios para poblaciones históricamente excluidas.

Durante el lanzamiento también se presentó la campaña #MuchasVocesUnaRed, que invita a las instituciones, comunidades y ciudadanos a asumir la salud mental como una responsabilidad compartida.

Además, el Ministerio destacó el papel de los equipos básicos de salud para jóvenes, que acompañan a población en contextos de alta vulnerabilidad, incluidos los beneficiarios del Programa Nacional Jóvenes en Paz y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

La nueva política marca un paso hacia la consolidación de un sistema de salud mental con mayor cobertura, articulación institucional y enfoque comunitario, con el propósito de atender de manera integral las necesidades emocionales y psicológicas de la población.



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