La corporación realizó seguimiento a las condiciones de seguridad en los albergues, alertó sobre posibles cobros a familias afectadas y pidió respetar las evaluaciones técnicas de los inmuebles en riesgo. Asimismo, aprobó una modificación presupuestal por $488.232.577 para el Instituto de Movilidad.
Durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Pereira, la corporación abordó diferentes situaciones relacionadas con la emergencia registrada el pasado 10 de agosto, con especial atención en las condiciones de seguridad de los albergues, la protección de las familias afectadas, el seguimiento a los inmuebles evaluados como de riesgo y las medidas institucionales necesarias para avanzar en la recuperación de la ciudad.
Uno de los temas centrales de la jornada fue la seguridad en los albergues, ante las situaciones que estarían afectando a algunas familias damnificadas. En este espacio intervino el mayor Carlos Alberto Díaz Chacón, segundo comandante del GAULA Militar Eje Cafetero, quien informó que la institución adelanta acciones de inteligencia y patrullajes para enfrentar posibles casos de micro extorsión. El oficial explicó que algunas personas estarían siendo intimidadas por la pérdida de mascotas, documentos y otras pertenencias durante la emergencia. Asimismo, señaló que aproximadamente el 80 % de los resultados operacionales del GAULA Militar Eje Cafetero corresponden a Pereira y recordó la línea 147 para denunciar hechos relacionados con extorsión y secuestro.
En materia presupuestal, la Corporación aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo No. 22 de 2026, mediante el cual se modifican recursos del Instituto de Movilidad por $488.232.577, a través de créditos y contra créditos. El concejal ponente, José Norbey Quiceno Ospina, explicó que la medida corresponde a una redistribución interna y no representa una adición presupuestal, con recursos destinados, entre otros aspectos, al pago de sentencias y conciliaciones y a procesos de modernización tecnológica. La ponencia y el informe de comisión fueron aprobados con 19 votos afirmativos
En los asuntos varios, el concejal Gustavo Villanueva manifestó su preocupación por los cobros que estarían realizando algunas inmobiliarias y arrendadores a las familias afectadas por la emergencia. Señaló posibles incrementos en los cánones de arrendamiento y cobros adicionales por concepto de depósitos, haciendo un llamado a las entidades competentes para realizar el seguimiento correspondiente y evitar que la situación de necesidad de las familias que perdieron sus viviendas sea aprovechada para imponer condiciones económicas que profundicen sus dificultades. A su vez destacó la importancia de que las autoridades mantengan el acompañamiento a las familias afectadas y adopten las medidas necesarias para protegerlas durante el proceso de recuperación, especialmente frente a las dificultades que enfrentan quienes actualmente buscan alternativas de vivienda luego de haber perdido sus hogares.
Por su parte, el concejal Nelson Pulido llamó la atención sobre una situación que consideró especialmente delicada: las denuncias relacionadas con administradores de propiedades que estarían retirando los sellos instalados por la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) en inmuebles que fueron evaluados técnicamente. El concejal solicitó acompañamiento y seguimiento para establecer
dónde se estarían retirando estos elementos y pidió respetar las determinaciones de las autoridades competentes.
En este mismo sentido, el concejal Diego Agudelo manifestó su preocupación por fotografías y videos recibidos desde el barrio Centenario, donde, según explicó, se habría colocado un certificado de peligro de colapso en una edificación y posteriormente una administradora habría indicado que el inmueble podía ser habitado. Agudelo hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a respetar los conceptos emitidos por los profesionales de la DIGER, recordando que retirar un sello o certificado puede poner en riesgo la vida de residentes, vecinos y comunidades.
El concejal insistió en que cualquier situación relacionada con el retiro de estos elementos debe ser denunciada, especialmente cuando contradiga las evaluaciones técnicas realizadas por la autoridad de gestión del riesgo. También pidió proteger a los niños, adultos mayores, familias y animales que podrían quedar expuestos ante el uso de edificaciones que hayan sido declaradas en riesgo.
Finalmente, la Mesa Directiva informó que las sesiones extraordinarias continuarán desarrollándose temporalmente en el espacio facilitado por la Cámara de Comercio, mientras se adelantan las evaluaciones y trabajos necesarios para determinar el regreso al recinto del Concejo.
Con este seguimiento, el Concejo Municipal de Pereira reafirma su compromiso con la protección de las familias afectadas, el ejercicio del control político y el acompañamiento a las acciones institucionales orientadas a la recuperación de la ciudad, priorizando la seguridad y la protección de la vida de los pereiranos.
Prensa Concejo Municipal de Pereira
