Devolución de tierras a víctimas indígenas del conflicto armado

Foto: Unidad de Restitución de Tierras

En una decisión sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali ha emitido la sentencia No. R-04, asegurando la devolución de 14,334 hectáreas al pueblo Emberá Chamí en el Cañón del río Garrapatas, ubicado entre el Valle del Cauca y Chocó, en la cordillera Occidental.

Esta medida, que beneficiará a 1,545 víctimas del conflicto armado pertenecientes a 330 familias y distribuidas en 11 comunidades del resguardo, marca un hito en la implementación de la política pública de restitución de tierras a los pueblos indígenas, especialmente afectados por la violencia.

La gestión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha sido fundamental para lograr esta sentencia, que también establece un compromiso sin precedentes por parte de las alcaldías de Cali y Bogotá. Estas entidades deberán llevar a cabo un censo para identificar a las familias indígenas en situación de desplazamiento forzado en las capitales, asegurando así su retorno al territorio restituido.

Giovani Yule, director de la URT, ha destacado la importancia de esta medida emblemática, que busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado, restableciendo su derecho a la posesión, uso y goce del territorio, así como su relación espiritual con la tierra. Acxan Duque, jefe de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, ha subrayado que el cumplimiento de esta sentencia facilitará el retorno del pueblo Emberá Chamí, promoviendo el desarrollo de proyectos productivos, seguridad alimentaria, educación, vivienda, protección y seguridad en su territorio ancestral.

La sentencia también ordena a la URT, en coordinación con otras entidades pertinentes, garantizar que las familias retornen a sus territorios en condiciones de seguridad y dignidad. Además, instruye al Ejército Nacional a realizar un acto público de contrición y presentar disculpas oficiales por el abandono y confinamiento sufrido por las comunidades del resguardo, comprometiéndose a abstenerse de acciones militares que pongan en peligro la integridad de los indígenas.

Luis Gabriel Rodríguez De la Rosa, director de la URT en Valle del Cauca y Eje Cafetero, ha resaltado que esta decisión judicial confirma el compromiso de movilizar la institucionalidad para garantizar el derecho fundamental a la restitución de derechos étnico-territoriales, con un enfoque diferencial y transformador.

Esta sentencia representa un avance significativo en la búsqueda de justicia y reparación para las comunidades indígenas afectadas por décadas de conflicto armado en Colombia.

CON INFORMACION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


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