“De no plantearse la implementación de esta emergencia y la recuperación de una serie de ingresos necesarios para atender derechos fundamentales, se estaría ante una situación crítica de cumplimiento de obligaciones del Estado”.
Así lo manifestó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al intervenir en una sesión televisada del Consejo de Ministros.
De acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, los derechos fundamentales que se busca atender con los recursos generados por la Emergencia Económica son los siguientes:
— Derecho a la salud, derivado de una decisión de la Corte Constitucional sobre la obligación de equiparar la UPC de los regímenes subsidiado y contributivo: $3,3 billones (hecho sobreviniente nuevo).
— Seguridad ciudadana: garantizar la realización de los comicios electorales de 2026 ($1 billón adicional) y mantener el orden público en el país ($2,7 billones), para un total de $3,7 billones.
— Financiación de la emergencia climática prorrogada, reconstrucción de Paratebueno y otros municipios afectados por el reciente sismo, así como la atención de personas damnificadas por inundaciones: $0,5 billones.
— Cobertura de faltantes en subsidios de servicios públicos de energía eléctrica y gas, especialmente en la región Caribe: $5,1 billones.
— Pago de sentencias judiciales, correspondientes a obligaciones inapelables del Estado: $1,6 billones.
— Reparación de víctimas: $1,6 billones.
“El cumplimiento de esta serie de derechos fundamentales estaría en riesgo si no se accede a los recursos necesarios para atender estos compromisos”, indicó el ministro Germán Ávila.
Añadió que, dadas las condiciones actuales, resulta necesario establecer la Emergencia Económica, señalando que la Corte Constitucional debe tener en cuenta las complejidades de la situación fiscal del país, las cuales demandan recursos inmediatos para atender estas coyunturas.
Canasta familiar
En otro apartado, el ministro de Hacienda señaló que las medidas contempladas en la Emergencia Económica han sido diseñadas con el cuidado de no afectar los sectores relacionados con la canasta familiar, ni a las comunidades más sensibles a las variaciones de precios.
Indicó además que se excluyeron los incrementos al impuesto sobre la cerveza, considerando el valor social asociado a este tipo de consumo.
Finalmente, precisó que los esfuerzos de financiación se han concentrado en impuestos dirigidos a grandes fortunas, sectores de mayores ingresos, el sector financiero y los denominados impuestos saludables, como un mecanismo para lograr un equilibrio razonable entre las necesidades de financiación y la salud pública.
