El Ministerio de Minas y Energía radicará este miércoles ante el Congreso de la República el proyecto para expedir una nueva ley minera, el cual ya surtió toda la etapa de consulta previa con las comunidades.
La cartera informó que en este proceso se surtió un ejercicio participativo sin precedentes: más de 20 mil personas en foros, mesas étnicas y audiencias públicas, incluyendo 13.000 integrantes de 115 pueblos indígenas y cerca de 400 organizaciones afrocolombianas, a través de procesos de consulta previa, además de los integrantes de las Comisiones Quintas de Cámara y Senado. En total, el Ministerio de Minas recibió 266 comentarios provenientes de todos los sectores económicos, sociales y ambientales.
“Queremos que los congresistas conozcan de primera mano esta iniciativa, que surge de un diálogo profundo con las comunidades, los mineros, empresarios, ambientalistas y autoridades territoriales. El objetivo es que todos participen activamente y que logremos juntos la mejor ley minera para el país», afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
El funcionario destacó los “avances gigantes en el proceso de consulta», entre ellos la propuesta de recuperar la soberanía sobre los minerales, ordenar la minería desde el territorio, garantizar la participación de comunidades étnicas y superar el modelo extractivista en línea con la transición energética.
Alcances del proyecto de Ley Minera
El proyecto de nueva Ley Minera busca recuperar la soberanía sobre los minerales y ordenar la minería desde el territorio, bajo criterios de justicia ambiental, social y económica. Entre sus principales disposiciones se destacan:
– Planificación y ordenamiento minero: establece zonas excluidas (ZEM) y zonas aptas (ZAM), con especial protección a áreas ambientales, culturales y socioeconómicas. Se prohíbe la minería en espacios marinos, costeros y de carbón térmico.
– Derechos de comunidades étnicas: reconoce un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, con derecho de prelación y contratos especiales.
– Transición energética y soberanía: impulsa un modelo que supere el extractivismo, fortalezca la economía productiva y garantice que el conocimiento geológico sea de utilidad pública.
– Responsabilidad empresarial: exige licencia ambiental desde la fase de exploración, establece un cierre progresivo integral (minero, ambiental y laboral) y mayores responsabilidades frente a los impactos sociales y ambientales.
– Régimen económico: ajusta las reglas de regalías y canon superficiario, incorpora pagos sobre ganancias bursátiles y prevé contraprestaciones ligadas a la producción y precios del mercado.
– Formalización y reconversión productiva: crea un marco especial para pequeños mineros y mineros tradicionales, con un registro abierto por tres años, contratación diferencial y medidas de reconversión productiva.
– Fiscalización y sanciones: fortalece la potestad sancionatoria con nuevas causales de caducidad, incluyendo daños al agua, violación de derechos humanos o uso de mano de obra infantil.
– Impacto regional: obliga a que al menos el 50% de la mano de obra contratada provenga de la región, fomenta encadenamientos productivos y la transferencia de tecnología.
Con información del Ministerio de Minas y Energía
