Representantes del Gobierno dieron a conocer este viernes ante representantes de otros países las estrategias que ha implementado Colombia, luego de la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, para combatir y prevenir el reclutamiento forzado de niñas y niños.
La exposición la hizo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, durante el segundo día de deliberaciones de la Primera Conferencia Ministerial para Poner Fin a la Violencia Contra los Niños, cuya inauguración presidió el mandatario colombiano, Gustavo Petro Urrego, el 7 de noviembre.
En el marco de esta agenda, se abordó el tema del reclutamiento de la niñez y la adolescencia, por parte de grupos armados y organizaciones criminales.
“Colombia, por primera vez, se acogió a la declaración de Escuelas Seguras, lo que nos cambia la manera en que abordamos los espacios en los que los niños y niñas están conviviendo, desarrollándose o participando en el conflicto”, sostuvo la funcionaria.
Agregó que, en el país, existe una instancia presidencial de alto nivel “que se llama la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento de Niños y Niñas (Ciprunna), donde articulamos las partes para tener una respuesta cuando se presentan estos casos”.
Asimismo, sostuvo que dicha instancia del alto Gobierno cambió su metodología para tener un enfoque más regional, que es donde se vive el conflicto: “En unos territorios concretos, trabajando con los actores locales en esa toma de decisiones, de manera que la coordinación no solo se dé desde la Presidencia, sino desde el conocimiento local y del territorio, lo que permite combatir este delito de forma más efectiva”.
Los niños reclutados por actores armadas son víctimas, no combatientes
Cáceres explicó que, para Colombia, es claro que un niño vinculado a un grupo armado es un niño víctima y no debe ser tratado como un delincuente: “Luego de las primeras 36 horas, después de que el niño se desvincula, por diferentes caminos, no puede ser interrogado, no puede ser delator, no puede forzársele a decir cosas de lo que pasa en el conflicto”.
“Ellos son víctimas y han sido parte de una cadena que los está usando. Eso lo entiende el Estado y así lo aplica”, insistió la directora del ICBF.
De acuerdo con la funcionaria, también se está trabajando con las escuelas, “porque muchas veces reciben visitas de los actores armados. Iniciamos una campaña que se llama ‘Crece una Generación para la Paz’, donde cada colegio puede ser visibilizado como un espacio protector para que los actores armados entiendan que hay unas políticas de protección de los niños de Colombia”.
También resaltó que, al tratar a las niñas y los niños como víctimas y no como delincuentes, se está trazando una ruta para la prevención centrada en la familia. “Es necesario restablecer el tejido familiar para prevenir el reclutamiento», dijo.
Por último, destacó que las alianzas con la sociedad civil son importantes para evitar este flagelo: “En Colombia el trabajo se ha hecho junto a La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y las comunidades indígenas, quienes se han convertido en un factor protector. Encontramos formas para trabajar (con ellas) por los niños, para que el reclutamiento cese”.
La Defensoría del Pueblo registró 184 casos de reclutamiento forzado de esta población en el año 2023. 110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes.
Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos. En relación con la pertenencia, el 68,4% hacía parte de comunidades indígenas, siendo este grupo poblacional el más afectado por el delito.
(Con información del ICBF)
