La Gobernación de Risaralda convocó a una reunión de seguimiento a los compromisos surgidos en el Consejo de Política Social del pasado 31 de julio. Inclusión de justicia juvenil restaurativa y educación flexible, los temas en cuestión.
Pereira, Risaralda, 14 de agosto de 2025.
El objetivo del Consejo de Política Social es claro: avanzar en la incorporación de dos componentes esenciales dentro del ajuste de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, y el Fortalecimiento Familiar 2025–2035: la educación flexible para adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la implementación de la justicia juvenil restaurativa.
El procurador 21 judicial de familia de Pereira, Mario Fernando Ortega, recordó que “desde la Procuraduría hemos insistido en incluir estos elementos en el ajuste de la Política; ya se ha avanzado en varias observaciones, pero quedan pendientes estos dos temas que son claves para garantizar derechos y reintegración social”.
Por su parte, la secretaria de Educación, Dora Ligia Agudelo Martínez, señaló: “La Secretaría de Educación está comprometida con nuestros jóvenes y adolescentes y ha adquirido el compromiso de hacer seguimiento y gestión a todos aquellos que se encuentran bajo el sistema de responsabilidad penal”.
En la misma línea, el secretario de Gobierno, Israel Londoño, destacó que “justicia restaurativa juvenil es darle una oportunidad a los jóvenes infractores que ya cumplen la mayoría de edad, para que mejoren sus condiciones laborales, se alejen de la delincuencia y se conviertan en personas de bien”.
Desde el ICBF, el enlace del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Risaralda, Laura Marcela Correa, subrayó la importancia de “integrar a la política pública la atención integral de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, incorporando el principio de oportunidad, justicia restaurativa, justicia juvenil y tratamiento de drogas, para que puedan transformar sus vidas y lograr una verdadera reintegración social”.
Finalmente, la secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social, Ana Lucía Córdoba, reiteró que “el compromiso es garantizar que todas las secretarías responsables y corresponsables ejecuten lo planteado en el Plan Estratégico y acojan las sugerencias de los órganos de control y el ICBF, con acompañamiento técnico y riguroso”.
El ajuste de la Política Pública —vigente desde 2017 y que no contaba con un plan estratégico con metas, indicadores ni estructura de costos, contempla:
- Definición de un Plan Estratégico 2025–2035 con metas, indicadores y estructura financiera.
- Fortalecimiento de comités técnicos y participación interinstitucional.
- Creación de un Observatorio de Infancia y Adolescencia.
- Articulación con los planes de desarrollo municipales.
- Ampliación de la cobertura en salud, nutrición, educación y protección.
Fotos: Prensa Gobernación de Risaralda
