
Bogotá, 27 de marzo de 2025
La directora de la ONG Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, resaltó este jueves el compromiso del Gobierno nacional en contener la amenaza de los grupos armados organizados (GAO) en el Catatumbo (Norte de Santander), y los esfuerzos para salvar vidas y garantizar el retorno de las comunidades afectadas a sus hogares mediante una estrategia política, económica, social, militar y policial.
“Nos alegra mucho oír de parte del Ministro (de Defensa de Colombia) el compromiso y el despliegue de una nueva estrategia de seguridad y justicia (para el Catatumbo) y la presencia integral del Estado en el territorio. Por supuesto, seguiremos vigilantes a el desarrollo de la implementación de esta política», señaló la representante de la organización humanitaria.
Goebertus manifestó su interés por la estrategia implementada por el Gobierno nacional, denominada ‘Pacto por el Catatumbo’, implementada para recuperar el control territorial y transformar la región y que en 71 días ha logrado proteger de las comunidades y neutralizar el accionar del ELN y las disidencias de las FARC.
“Documentamos de manera muy grave violaciones cometidas tanto por el Frente 33 de las disidencias de las Farc como por el Eln en casos de homicidios, de secuestros, casos de reclutamiento forzado de menores, desapariciones, trabajo forzado y por supuesto, casos de confinamiento y desplazamiento forzado», enfatizó la directora de HRW.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez recibió las recomendaciones de la organización humanitaria, con base en 65 entrevistas realizadas a víctimas, líderes sociales y autoridades civiles del Catatumbo e hizo un balance con la representante de la ONG de las acciones adelantadas por el Gobierno nacional, incluida una inversión de 2,7 billones de pesos, obtenidos a partir de la declaratoria de la Conmoción Interior.
Señaló que gracias a la acción del Estado se han impedido 1.235 atentados terroristas y, en 33 combates, las Fuerza Pública ha neutralizado a 303 integrantes de las GAO, entre capturados, desmovilizados y muertos en operaciones militares –incluyendo 27 menores entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–; ha incautado 189 armas, ha interceptado el transporte y almacenamiento de 1.483 kilos de cocaína y ha destruido 84 laboratorios para el procesamiento del alcaloide.
Afirmó que “las recomendaciones del informe de HRW coinciden en gran parte con las estrategias construidas con la comunidad. Lo fundamental es que esta vez la población está decidida a avanzar junto con el Estado para construir un futuro mejor. Seguiremos adelante con determinación, garantizando la seguridad, la aplicación de la ley y el respeto absoluto por los derechos humanos».
No desconoció la magnitud de la crisis humanitaria en el Catatumbo “que jamás se había percibido en la historia. 57.000 desplazados, 23.000 confinados, casi un centenar de asesinados a causa de las confrontaciones por el dominio del narcotráfico y otras economías, muestran una tragedia que el Estado no pudo contener a tiempo», lo que llevó a que en una primera fase la estrategia se centrara en salvar vidas.
En esa acción inicial –dijo– “casi mil personas fueron salvadas por las Fuerzas Militares y de Policía» y resaltó que “ahora se está ejecutando la segunda fase, la cual consiste en recuperar el control territorial».
La directora de Human Rights Watch, por su parte, se comprometió a verificar y hacer seguimiento de la ruta trazada por el Gobierno nacional para la protección de los derechos humanos.