Nueva York, 12 de octubre de 2026.

Gracias Señora Presidenta,

Señor Representante Especial del Secretario General, Miroslav Jenča, Excelencias. Mi primera vez en este Consejo, a mucho honor.

Colombia se presenta hoy ante este Consejo con respeto, con gratitud y con mucha franqueza.

Durante casi una década, las Naciones Unidas han acompañado a nuestro país en la implementación del Acuerdo Final suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Miles de funcionarios, observadores, cooperantes, representantes de países amigos, comunidades y organizaciones han dedicado tiempo, recursos y esfuerzos a esa tarea.

En nombre del Gobierno de Colombia, quiero expresar nuestro sincero reconocimiento por esa invaluable contribución. Toda labor orientada a reparar a las víctimas y acompañar a las comunidades que durante décadas han soportado una violencia que nunca escogieron merece nuestra gratitud. Nada de lo que se diga hoy pretende desconocer esos esfuerzos.

Acorde con nuestra tradición republicana y diplomática de más de dos siglos, Colombia reconoce sus compromisos multilaterales y respeta con determinación el Derecho Internacional. Sin embargo, el reconocimiento de los avances alcanzados y el respeto al Derecho Internacional no nos eximen de la responsabilidad moral, constitucional e histórica que el Estado colombiano ha adquirido con los colombianos para evaluar los resultados del Acuerdo de Paz, revisar con rigor y objetividad su verdadero alcance y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales y los desafíos que aún persisten y que han impedido alcanzar una paz real y duradera.

El Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella fue elegido con la votación más alta en la historia de Colombia, en medio de un descontento generalizado y verificable frente a una paz que, para las personas trabajadoras y honestas, nunca existió.

La promoción ideológica e internacional del Acuerdo de Paz como un evento ejemplar digno de imitación no se refleja en las cifras ni en la realidad que este gobierno encontró y está enfrentando. De hecho, desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 y hasta hoy —entre julio de 2016 y agosto de 2026—, 132.930 personas han sido asesinadas en Colombia, al tiempo que se han registrado cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros en todo el país.

Para nuestros campesinos, nuestros trabajadores, nuestros niños y nuestra fuerza pública, la paz ha sido inexistente.

Desde la firma del Acuerdo en 2016, los integrantes de grupos armados ilegales en Colombia se quintuplicaron, pasaron de 6.000 a casi 30.000. Sus estructuras armadas se fragmentaron y se reconfiguraron y ocuparon nuevos territorios, fortalecieron sus vínculos con economías criminales transnacionales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el contrabando.

Hoy, el Estado colombiano no enfrenta a un solo actor armado. Enfrenta simultáneamente al ELN, al Clan del Golfo, a docenas de estructuras disidentes de las antiguas FARC, así como a redes criminales regionales y transnacionales con capacidad para financiarse, reclutar, ejercer coerción sobre las comunidades y disputar el control del territorio.

Las cifras nunca mienten. El narcotráfico, uno de los principales motores de esta dinámica criminal, alcanzó niveles sin precedentes a escala global. En 2023, Colombia registró aproximadamente 253.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, cifra que representó un incremento del 53 % solo con respecto al año anterior.

Pero el crecimiento de estas organizaciones no se refleja solamente en el número de sus integrantes; también se manifiesta en su creciente control territorial, mediante el cual han extendido sus disputas y consolidado formas de gobernanza criminal, sometiendo a comunidades y controlando corredores estratégicos a través de la violencia, la extorsión y las economías ilícitas.

Las consecuencias de este deterioro sobre la población colombiana han sido especialmente graves. Los secuestros aumentaron en más de un 250% y, solo en 2025, se registraron 78 masacres y 256 víctimas de ataques criminales. Pero quizá ninguna cifra sea tan preocupante como la del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Las Naciones Unidas han verificado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300% en cinco años. Solo entre 2023 y 2024, ese incremento fue del 64%. En 2024, se verificó, en promedio, el reclutamiento o la utilización de un niño cada veinte horas, repito: cada veinte horas, documentados en más de 326 casos.

Que diez años después de la firma de un acuerdo de paz todavía existan organizaciones armadas que reclutan niños, disputan territorios, se financian mediante economías ilícitas y someten a comunidades enteras, pone de manifiesto la magnitud de los desafíos que Colombia aún debe superar para alcanzar una paz verdadera.

Pero Colombia cambió, cambió de rumbo el pasado 7 de agosto. La Patria Milagro llegó. Este cambio responde a una convicción profunda del Presidente Abelardo De La Espriella: la seguridad no es contraria a la paz; constituye una condición indispensable para alcanzarla. Sin seguridad, no hay paz.

La paz seguirá ocupando un lugar central entre las prioridades de este Gobierno, con la convicción de que solo puede construirse sobre bases sólidas: la seguridad, el respeto a la Constitución, el imperio de la ley y el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado.

Este es un Gobierno de leyes; un Gobierno que mantiene su disposición a considerar toda iniciativa que conduzca de manera efectiva al abandono de las armas y a la reincorporación a la vida civil.

Sin embargo, mientras una organización asesine, secuestre, extorsione, reclute menores o pretenda controlar territorios mediante el miedo, el Estado tiene la responsabilidad de actuar con los instrumentos legítimos que le confieren la Constitución y la ley para proteger a sus ciudadanos.

Desde el primer día de su mandato, el Presidente impartió instrucciones claras: recuperar el control territorial, restablecer la autoridad del Estado, proteger a la población, combatir las economías ilícitas y enfrentar a las organizaciones que recurren al terrorismo y a la violencia para imponer su poder.

Desde entonces, y pese a la grave emergencia ocasionada por el terremoto que el Gobierno debió atender durante sus primeros días de gestión, se han intensificado las operaciones contra el crimen organizado transnacional.

Por instrucción directa del Presidente, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Estado han intensificado sus operaciones en contra del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las antiguas FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y las redes criminales vinculadas también al narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el tráfico ilícito de personas.

En apenas sesenta días, la Fuerza Pública reportó 32.029 capturas, más de 135 toneladas de estupefacientes incautadas y 3.414 armas de fuego retiradas de circulación.

A ello se suman 119 extradiciones firmadas por el Presidente de la República, como parte de la cooperación internacional para desarticular el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en Colombia.

Operaciones recientes han afectado estructuras del ELN, el Clan del Golfo y distintas disidencias mediante la neutralización de cabecillas, el rescate de personas secuestradas y la destrucción de laboratorios de drogas, dragas y otras infraestructuras utilizadas para las economías ilícitas. El propósito de estas acciones es recuperar el control territorial, debilitar las estructuras armadas y sus fuentes de financiación, y restablecer la presencia y la autoridad del Estado allí donde las organizaciones criminales han pretendido sustituirlas.

No presentamos estos resultados como una victoria definitiva, debilitarlas estructuras armadas y sus fuentes de financiación, y restablecer la presencia y la autoridad del Estado allí donde las organizaciones criminales han pretendido sustituirlas, no es fácil. Somos conscientes de que sesenta días no pueden resolver décadas de violencia.

Lo que sí permiten es demostrar los efectos iniciales de una política que reconoce la seguridad, la justicia y la presencia efectiva del Estado como condiciones necesarias para construir una paz sostenible.

El Estado tiene la responsabilidad constitucional de ejercer su autoridad en todo el territorio nacional, en el marco del respeto a la ley y a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. No puede haber paz donde una familia vive con miedo, donde un campesino no puede trabajar libremente, donde un niño no puede ir a la escuela por temor a ser reclutado o donde una comunidad está sometida a la voluntad de un grupo armado. Sin seguridad, no hay paz.

Proteger la vida, la libertad y el bienestar de los colombianos es un mandato constitucional y una prioridad fundamental de este gobierno. Es la seguridad la condición que permite que la justicia funcione, que la economía crezca, que los niños estudien y que las comunidades construyan su futuro en libertad y en verdadera paz.

Señora Presidenta, Excelencias:

Quiero ser claro: en relación con lo que nos reúne hoy, el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, nuestro compromiso permanece intacto.

La implementación del Acuerdo Final constituye un compromiso del Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes.

Ahora bien, el cumplimiento de estas obligaciones requiere también una revisión periódica de los instrumentos y mecanismos institucionales que permiten llevarlas a la práctica, con el fin de asegurar su eficacia y adaptación a las realidades cambiantes del país.

Por lo mismo, corresponde a cada Gobierno, en ejercicio de sus competencias constitucionales y democráticas, evaluarlos y proponer los ajustes que considere necesarios para procurar esquemas más eficaces, sostenibles y acordes con las realidades territoriales, fiscales y de seguridad del país.

Con base en estas consideraciones, Colombia propone focalizar el mandato de la Misión de Verificación a partir de esa misma realidad, de la cual se ha dicho ya: sin seguridad no hay paz. Esta propuesta responde, entre otras consideraciones, al valor diferencial y específico que aporta la verificación internacional y a la distinta naturaleza de las responsabilidades que corresponden a cada uno de estos componentes.

La reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las FARC-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional.

La Reforma Rural Integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la Misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano. El acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano. Su cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que, por su propia naturaleza, trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación.

Esta propuesta ha sido elaborada en estrecha coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el cual ha establecido expresamente que Colombia dispone de los instrumentos normativos e institucionales necesarios para dar continuidad a las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo, independientemente del mecanismo internacional de seguimiento.

De igual manera, la cooperación internacional podrá continuar y continuará acompañando los proyectos e iniciativas de desarrollo rural, incluidos aquellos respaldados por nuestros socios y donantes internacionales. Lo que se propone no es modificar la obligación sustantiva del Estado ni el apoyo de nuestros socios, sino el mecanismo extraordinario de verificación.

Deseo subrayar, además, que Colombia reconoce plenamente las competencias de este Consejo y que no pretende, de ninguna manera, modificar unilateralmente ninguna de sus resoluciones. Entendemos que la decisión formal sobre el mandato corresponde al Consejo de Seguridad, ante el cual presentamos respetuosamente nuestra propuesta para su consideración.

Estamos convencidos de que esta orientación permite conciliar el cumplimiento de nuestros compromisos con el fortalecimiento institucional y la búsqueda de una implementación más eficaz y sostenible.

Señora Presidenta, Excelencias:

Quiero concluir reiterando una convicción fundamental: Colombia seguirá cumpliendo sus compromisos y ejercerá plenamente su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar la autoridad legítima de sus instituciones. Porque, al final, la paz no puede medirse solamente por los acuerdos que se firman, los compromisos que se anuncian o los mecanismos que se establecen.

La paz debe traducirse en realidades concretas para la vida de los colombianos. Hay paz cuando un campesino puede trabajar su tierra sin pedir permiso a hombres armados. Cuando un comerciante no tiene que financiar a quien lo extorsiona. Hay paz cuando ninguna organización ilegal puede sustituir la autoridad de la República y hay paz cuando una población vive sin miedo. Esa es la paz que Colombia busca. Y esa es la paz que este Gobierno, con la determinación de sus instituciones y el valioso acompañamiento de la comunidad internacional, está decidido a construir.

Muchas gracias.

Equipo Revista Espectacular2000 – M.R.E