Pereira. Martes 13 de octubre de 2026.

En sesión ordinaria del día 13 de octubre, la Asamblea Departamental de Risaralda sesionó hoy desde las instalaciones de Expofuturo en el Salón Pueblo Rico; los puntos centrales del orden del día fueron la renuncia del presidente y de la primera vicepresidenta de la mesa directiva, la elección de sus reemplazos, el informe de gestión del presidente saliente y el estudio del Proyecto de Ordenanza No. 025 de 2026, correspondiente al presupuesto de 2027, con la citación de la Secretaría de las TIC.

Cambios en la mesa directiva a partir del 14 de octubre

Tras la renuncia del presidente, Juan Carlos Valencia Montoya, y de la primera vicepresidenta, Paola Andrea Nieto, la corporación eligió como nueva presidenta a la diputada Jaqueline Fernándes, del Partido MIRA, y como primera vicepresidenta a la diputada Luz Neila Polo Ramírez, del Centro Democrático. Los cambios se aplicarán a partir del 14 de octubre de 2026.

La diputada Fernández agradeció el respaldo de sus colegas y fijó el rumbo para los dos meses y medio que restan del año: “Soy diputada del departamento hoy por la voluntad de Dios y también de los diputados que apoyaron y votaron para que yo fuera la presidenta de la Asamblea Departamental en estos dos meses y medio que restan del año. Los desafíos que enfrentamos son siempre hacer las cosas con mucha transparencia, honestidad, seguir y continuar el trabajo en equipo, una asamblea unida, comprometida.” Y agregó: “En tiempos tan difíciles como ahora, el departamento demanda una asamblea muy activa, con escucha en la comunidad, con ese servicio comunitario que nos caracteriza a los 12 diputados del departamento.”

Por su parte, la diputada Polo Ramírez afirmó: “Hoy fui electa como primera vicepresidenta de la Asamblea, gracias al Creador, primeramente, y gracias a todos aquellos que votaron positivo.” Les dijo a los risaraldenses que “nunca los voy a defraudar” y anunció la línea de su gestión: “Seguiremos haciendo control político, chancletazos contra las chambonadas, chancletazo contra los chambones de la politiquería.”

Balance del presidente saliente

En su informe de gestión, el diputado Valencia Montoya resumió el espíritu de su presidencia: “Nuestra prioridad fue sacar a la Asamblea del recinto. Escuchar a las comunidades, acompañar sus realidades y demostrar que la gestión legislativa se construye caminando el territorio.”

Según el informe, se presentaron 25 proyectos de ordenanza: 20 fueron aprobados y sancionados, 3 no fueron aprobados o fueron retirados y 2 siguen en trámite. Entre las decisiones destacadas están la protección del Paisaje Cultural Cafetero, la nueva regulación del CODECTI, los alivios tributarios con la reducción transitoria de intereses moratorios, y la exoneración y los alivios en estampillas para los contratos de atención del sismo.

En control político, la corporación citó a 31 entidades y tramitó 46 proposiciones: 33 en plenaria, 3 en comisión y 10 administrativas internas, con énfasis en salud, educación, infraestructura, hacienda y gestión del riesgo. El informe también registra 2 audiencias públicas, un foro sobre el impacto del impuesto predial y el catastro multipropósito, 69 atenciones a comunidades fuera del recinto y 44 reconocimientos entregados.

El Sistema de Información Ordenanzal avanzó 90,3 %, con 2.100 ordenanzas digitalizadas. Tras el terremoto del 10 de agosto, que afectó su recinto, la Asamblea sesiona temporalmente en Expofuturo.

Presupuesto 2027: ingresos y gastos del departamento

La Asamblea inició el estudio del Proyecto de Ordenanza No. 025 de 2026. El presupuesto total del departamento para 2027 es de $1.141.320 millones, un 12 % más que el de 2026 ($1.022.427 millones). El sector central suma $1.137.708 millones. Los ingresos corrientes bajan 4 % ($355.288 millones) y los recursos de capital 16 % ($29.484 millones), mientras que los fondos especiales crecen 23 % ($752.936 millones): el Fondo Departamental de Educación aporta $378.827 millones (8 % más) y el de Salud $374.109 millones (42 % más). Los ingresos corrientes de libre destinación proyectados para 2027 son de $255.978 millones.

La presentación advierte el impacto del terremoto en las finanzas: el cese de actividades comerciales paralizó recaudos de impuestos como registro, consumo de cervezas y sobretasa a la gasolina, lo que implicó una reducción de ingresos superior al 23,46 % en agosto frente al mismo mes de 2025 y un déficit presupuestal aproximado de $52.000 millones.

En gastos, el presupuesto del sector central es de $1.137.708 millones. La inversión llega a $946.113 millones (18 % más), con $405.867 millones para educación y $374.109 millones para salud. El funcionamiento baja 20 % ($149.086 millones) y el servicio de la deuda sube 43 % ($42.510 millones). El gasto público social representa el 80,41 % del presupuesto, frente al 74,97 % de 2026.

Presupuesto de la Secretaría de las TIC

La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a cargo del secretario de despacho Luis Alexander Vásquez Hernández, presentó su presupuesto para 2027: $3.500 millones, un 32,26 % menos que los $5.167 millones de 2026. De ese valor, $2.957 millones corresponden al programa de acceso y uso de las TIC (34,84 % menos) y $543 millones al de gobierno digital e infraestructura TI (13,66 % menos). A septiembre de 2026, la ejecución del presupuesto asignado era del 72,8 % ($3.762 millones).

Para 2027, la Secretaría proyecta instalar 80 zonas digitales con 2.200.000 conexiones de usuarios, capacitar a 3.000 personas en uso básico de tecnologías, implementar 40 trámites en línea nuevos, actualizar 8 sistemas de información y asistir técnicamente a 15 entidades en gobierno digital. Sin embargo, sus costos de operación proyectados para ese año suman $6.415 millones, de modo que se presentaría un déficit de

$2.915 millones (45,44 %). En la atención del terremoto, el plan de la dependencia contempla 15 actividades con una inversión base de $12.042 millones, de los cuales $11.008 millones serían del Gobierno Nacional y

$1.035 millones de la Gobernación, además del proyecto Risaralda Conectada e Incluyente 2.0, por $59.818 millones, con financiación mixta por gestionar.

Oficina de Comunicaciones Asamblea Departamental de Risaralda