El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha abordado la sugerencia de establecer una legislación de clausura o término, propuesta por antiguos miembros de las Farc y ahora también por los defensores legales del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, quien retornó recientemente a Colombia.
Osuna señaló que si el Gobierno opta por considerar dicha propuesta, la prioridad sería salvaguardar los derechos de las víctimas.
«Debemos examinar detenidamente todas estas propuestas; no obstante, el objetivo principal del Gobierno es descubrir la verdad sobre todo lo sucedido en el conflicto armado, compensar a las víctimas y evitar la impunidad. Si una ley denominada punto final contribuye a esos fines, podríamos estudiarla», expresó Osuna.
El propósito de una ley de punto final sería conceder amnistías generales para clausurar los procedimientos penales de los excombatientes o participantes en el conflicto, y así trazar una senda hacia la verdad y la reparación para las víctimas.
La designación de Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro ha suscitado controversia.
La propuesta de una Ley de punto final ha generado debate en diversos sectores políticos y entre organizaciones de víctimas. El ex presidente Álvaro Uribe afirmó que una ley de este tipo «es inviable en Colombia» y propuso en su lugar una «amnistía política, no penal, en una única ocasión».
La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha rechazado la propuesta. «La JEP cuenta con un sólido respaldo jurídico y está protegida por un blindaje legal robusto. Nuestras normativas de funcionamiento están consagradas en la Constitución. La estabilidad de la JEP no está en duda», aseguró.
Es importante señalar que la JEP ha sido objeto de críticas por parte de los firmantes del acuerdo de paz que solicitan una legislación de punto final.
