“Sin justicia agraria no hay paz. Y esa es una realidad. La falta de una justicia agraria es lo que nos ha mantenido en conflicto más de 60 años. Y el Acuerdo de Paz contempla la Jurisdicción Agraria, no porque se la hayan inventado, sino porque el 80% del conflicto armado en Colombia es debido a la falta de justicia para los campesinos y campesinas. Este Congreso y el Estado colombiano están en deuda con 15 millones de campesinos y campesinas que reclaman justicia y no la obtienen”.
Con estas palabras, Guillermo Pérez Rangel, dirigente de la Red Nacional de Organizaciones Campesinas, Sociales, Étnicas, Agrícolas y Rurales, inició su intervención durante la audiencia pública que tuvo lugar este lunes en la sesión de las Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, en el marco de la discusión del proyecto de ley, presentado por el Gobierno nacional, que determina las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Pérez Rangel hizo parte del grupo de líderes y dirigentes del sector campesino que participó en la sesión y que defendió la importancia del proyecto que busca fortalecer el desarrollo del campo colombiano con justicia y equidad. La iniciativa, entre otros aspectos, busca llevar jueces agrarios a las regiones para resolver pleitos relacionados con la tenencia de la tierra.
“Es imposible pensar que haya alguien en el país que se oponga a que exista una jurisdicción agraria, a que exista un mecanismo judicial que dirima los conflictos agrarios que se dan en el país”, indicó Pérez.
Al respecto también se pronunció en el debate la líder campesina Martha Huertas, quien dijo que la Jurisdicción Agraria es un derecho fundamental del pueblo campesino del país.
“Quieren tratar esta jurisdicción como un tema únicamente técnico y no de justicia. Para nosotros es hablar de un derecho fundamental, un derecho que nos han negado durante tantos años”, manifestó.
Durante su intervención, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo que esta iniciativa cumple el anhelo del campesinado, de los pueblos indígenas y étnicos, de una institucionalidad presente en sus territorios para solucionar los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.
“Será esta jurisdicción la que permita sentar las bases de la construcción de paz en el campo colombiano, a partir de un mecanismo de justicia en beneficio del campesinado, su brega, su dignidad y su trabajo de la tierra para hacer de este país una gran potencia agroalimentaria”, destacó.
Por último, dijo que esta instancia de la justicia no solo materializa el Acuerdo de Paz, sino que ordena el régimen agrario para saldar la deuda histórica con el campesinado colombiano.
