El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó este lunes que la posición mayoritaria entre representantes del Ejecutivo, empresarios y trabajadores es mantener el incremento del 23 % en el salario vital para 2026, tras la reunión extraordinaria de la Comisión de Concertación.

El encuentro se realizó luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera temporal el decreto que estableció el salario vital para 2026.

“Para el Ejecutivo, para buena parte del sector empresarial y, obviamente, para el total del movimiento sindical representado en la mesa de concertación, el salario vital ya es un derecho adquirido por los trabajadores y estamos convencidos de que reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, señaló Ávila en rueda de prensa, acompañado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez.

Por su parte, Sanguino destacó que existe una opinión compartida entre empresarios y centrales obreras para sostener el aumento del 22,7 %, con el fin de evitar incertidumbre en el mercado laboral y en el comportamiento general de la economía.

El jefe de la cartera laboral indicó que se acatará el auto expedido por el alto tribunal y que se emitirá un decreto transitorio en los términos ordenados. Además, explicó que hay un plazo de ocho días calendario para expedir la nueva disposición, mientras se resuelve de fondo la medida cautelar.

“El diálogo en la Comisión fue fluido y respetuoso. Las opiniones tanto del empresariado como de los trabajadores serán tenidas en cuenta en la elaboración del decreto transitorio”, sostuvo el ministro.

El salario vital decretado

El pasado 30 de diciembre de 2025 se detallaron los alcances del nuevo salario vital, con un incremento del 23 % sobre el salario mínimo, que para 2026 pasó de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos.

El auxilio de transporte aumentó 24,5 % y quedó en 249.095 pesos, con lo cual el ingreso mensual para quienes devengan el mínimo asciende a 2.000.000 de pesos.

De acuerdo con cifras oficiales, la medida beneficia a 2,4 millones de trabajadores y a sus familias. Las disposiciones quedaron contenidas en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025.