En una reunión crucial para el futuro urbanístico de la ciudad, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la mesa técnica para el Fortalecimiento del Control Urbanístico, liderada por la Secretaría de Gobierno de Pereira.
Este espacio reúne a diversas entidades, incluyendo Carder, Aguas y Aguas, Energía de Pereira, el Área Metropolitana Centro Occidente, y organizaciones comunitarias, con el objetivo de enfrentar el preocupante aumento de las invasiones en el municipio.
Durante la sesión, se reveló que Pereira cuenta actualmente con 93 asentamientos irregulares, un fenómeno que ha crecido significativamente en los últimos años, generando serias repercusiones sociales, económicas y ambientales.
El director operativo de Control Físico, Juan Manuel Ocampo Duque, afirmó que «Con esta iniciativa, buscamos no solo combatir las invasiones, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger el patrimonio público», declaró.
La situación es alarmante. Las empresas Aguas y Aguas y Energía de Pereira reportan pérdidas anuales de aproximadamente 8.000 millones y 2.300 millones de pesos, respectivamente, debido a consumos ilegales asociados a estos asentamientos.
Además, muchos de estos ocupantes se encuentran en zonas de alto riesgo, lo que pone en peligro sus vidas y dificulta la provisión de servicios públicos.
Ocampo también destacó que «los asentamientos subnormales no solo representan pérdidas económicas, sino que también conllevan inseguridad y desescolarización, además de la falta de acceso a servicios esenciales como salud». La normativa vigente complica aún más la situación, ya que la inversión social en zonas de alto riesgo no es permitida.
Entre los compromisos adquiridos en la mesa técnica, se acordó actualizar el inventario de invasiones y conformar un grupo especializado para investigar la posible existencia de mafias dedicadas a la comercialización ilegal de terrenos en estas áreas.
«Si bien muchas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, hay quienes lucran con la compra y venta de terrenos municipales, lo que constituye un delito», enfatizó Ocampo.
Por último, se planteó la necesidad de evaluar las consecuencias financieras de las invasiones y fortalecer la coordinación entre las diversas entidades involucradas, incluyendo la Policía, la Fiscalía y las empresas públicas, para actuar de manera conjunta y frenar este flagelo.
Fotos: Prensa Alcaldía de Pereira
