Bogotá, 28 de abril de 2025
Hacer seguimiento, prevenir, analizar patrones y generar alertas institucionales frente a la afectación a la integridad de los integrantes del sector defensa, son las funciones que cumplirá en adelante la Junta de Prevención y Lucha Contra la Corrupción y el Lavado de Activos lanzada por el Gobierno nacional.
El nuevo ente técnico y consultivo tendrá como objetivo “fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones» para enfrentar como país los retos “en materia de seguridad» que “son enormes» y “es primordial fortalecer», manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la presentación oficial.
La transparencia, “antes que una iniciativa la vemos como un deber constitucional», puntualizó el jefe de la cartera de la Defensa.
Agregó que la verdadera defensa del Estado de Derecho comienza cuando la información ciudadana es escuchada, protegida y genera consecuencias, en una apuesta institucional por la transparencia y la corresponsabilidad.
“Quien actúe correctamente como miembro del ministerio de Defensa, tendrá siempre nuestro apoyo. Pero quien deshonre el privilegio de ser servidor público encontrará una administración decidida a actuar, sin excusas ni demoras. Porque transparencia también es defensa», advirtió Sánchez.
La Línea 157
El acto hizo un balance de la Línea Anticorrupción 157, una herramienta directa para que los ciudadanos informen de manera anónima y segura hechos de corrupción, la cual recibe más de cien llamadas diarias con denuncias.
De acuerdo con las cifras reveladas por el ministro Sánchez, entre abril y diciembre de 2024 la Secretaría de Transparencia tramitó 3.253 peticiones, sugerencias, quejas, de las cuales 1.281 fueron denuncias trasladadas a los órganos de control competentes.
El costo estimado en equipos, licencias y diademas para la operación de la línea fue de $375 millones, financiados por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del gobierno de los Estados Unidos y la financiación se dio bajo el Convenio entre la agencia de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
La operación de esta línea estará a cargo de la Policía, por medio de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 ubicado en Bogotá.
En la actualidad 40 unidades policiales atienden la recepción y el procesamiento de denuncias, que incluye la recolección de información de soporte —fotos, documentos, grabaciones—, la verificación de datos en terreno y la remisión de los casos a la Fiscalía para su investigación y judicialización.
“Lo que estamos haciendo hoy es alinearnos con una política de integridad nacional, pero también es dar ejemplo y decirle al país que aquí escuchamos; que no defendemos a quienes fallan, sino a quienes honran el uniforme, el deber y el privilegio de ser servidores públicos» finalizó el ministro Sánchez.
M.D
