La Gobernación de Risaralda, sostuvo un encuentro clave con los secretarios de gobierno de los 14 municipios del departamento y la Policía Nacional para tratar la implementación del nuevo plan de alimentación en los centros de atención transitoria.
Durante la reunión, se abordaron los desafíos que enfrenta el sistema, como el hacinamiento y la reciente Sentencia SU-12 de 2022 de la Corte Constitucional, que obliga a las entidades territoriales a asumir la responsabilidad del servicio alimentario para los detenidos en estos centros.
Desde el 1 de julio de 2025, los municipios deberán garantizar la alimentación adecuada de los detenidos, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Justicia. Este ajuste generó preocupación, especialmente en los municipios de sexta categoría, que carecen de los recursos suficientes para cumplir con esta obligación.
Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, señaló que se busca implementar un modelo de gestión colaborativa, similar al programa Creeme, en el que cada municipio aporte recursos para mejorar la situación.
La Ley 2346 de 2024 establece que los municipios tienen hasta el 31 de diciembre de este año para presentar un plan de implementación del servicio de alimentación ante el Ministerio de Justicia.
La Gobernación hizo un llamado a los municipios a cumplir con esta responsabilidad en tiempo y forma para mejorar las condiciones en los centros de atención transitoria y garantizar los derechos de los detenidos.
Foto: Prensa Gobernación de Risaralda
