The Washington Post
Estados Unidos no puede permitirse abandonar la lucha antidrogas en Colombia
La cooperación entre Estados Unidos y Colombia es crucial en la guerra contra los carteles y el tráfico de cocaína.
Por Daniel García-Peña
Embajador de Colombia en Estados Unidos
El mes pasado, Colombia enterró a 13 policías que fueron emboscados mientras protegían operaciones de erradicación de cultivos de coca en Amalfi. Ese mismo día, un carro bomba explotó cerca de una instalación militar en Cali, causando la muerte de seis civiles y dejando decenas de heridos. Estas tragedias no son recuerdos de una guerra pasada, sino expresiones de una violencia reciente: narcotraficantes debilitados que responden con brutalidad.
Colombia no guarda duelo en soledad. Los estupefacientes que alimentan esta violencia no están destinados a nuestras calles, sino a las de Washington, Nueva York, Miami, Los Ángeles y muchas otras. La lucha contra el crimen transnacional es un esfuerzo compartido que afecta vidas en todo el hemisferio occidental.
En la Conferencia Internacional de Control de Drogas, organizada el mes pasado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Nashville, el brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional de Colombia, rindió homenaje a los 13 policías caídos. Recordó a la audiencia, integrada por agencias de seguridad de todo el mundo, el alto costo humano de esta misión. Las fuerzas de seguridad colombianas cargan con el mayor peso de esta lucha, pero no combaten solo por Colombia.
Los resultados de esta lucha son tangibles y medibles. Solo en la primera mitad de este año, las autoridades colombianas incautaron más de 500 toneladas de cocaína, lo que apunta a superar el récord del año anterior. También destruyeron 2.486 laboratorios, capturaron a 183 personas con fines de extradición y entregaron a 177 más a tribunales estadounidenses e internacionales. De las redes mafiosas se han decomisado bienes valorados en más de 125 millones de dólares. Estas cifras representan más de 800 millones de dosis de cocaína fuera de los mercados globales. Cada interdicción, cada captura, cada incautación le quita oxígeno financiero a los grupos criminales.
También se ha avanzado en la lucha contra organizaciones que han extendido su alcance más allá de Colombia. Los carteles del Tren de Aragua y el Clan del Golfo, ambos con operaciones transfronterizas, han perdido cabecillas gracias a operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Colombia. Autoridades en Medellín capturaron recientemente a dos integrantes del Tren de Aragua incluidos en la lista de los más buscados en Colorado. Este logro demuestra cómo la inteligencia compartida y la cooperación también protegen a comunidades estadounidenses.
El progreso, sin embargo, tiene un precio. Solo este año, 79 policías colombianos han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Su sacrificio recuerda un hecho que a menudo se pasa por alto en los debates de política: ningún país en el mundo paga un precio más alto en vidas humanas ni invierte más recursos propios en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional que Colombia.
La Casa Blanca está próxima a enviar al Congreso su informe anual, la llamada “lista de países de mayor preocupación”, que designa a las principales naciones productoras y de tránsito de drogas ilícitas y evalúa hasta qué punto cumplen sus compromisos internacionales para combatir este delito. No se trata de un trámite burocrático: ese reporte influye en la asignación de asistencia internacional, incluidos recursos para la lucha contra los carteles.
Estados Unidos ha sido socio de Colombia en esta misión durante décadas. Operaciones conjuntas, miles de horas de apoyo aéreo y marítimo, entrenamientos mutuos, intercambio de inteligencia y cooperación judicial hacen más seguros a ambos países.
Retirar fondos de cooperación debilitaría a Colombia al afectar su economía legal. Y también debilitaría a Estados Unidos al reducir la capacidad de interdicción marítima y aérea, y al obstaculizar el flujo de inteligencia. Solo beneficiaría a quienes se lucran de las economías ilícitas.
Colombia continuará combatiendo a los carteles, porque es de nuestro interés nacional hacerlo. Pero sin el respaldo de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán menores.
Las pérdidas en Amalfi y Cali son la prueba del costo de una lucha que trasciende fronteras. Nuestros caídos nos recuerdan que la batalla de Colombia es también la de Estados Unidos: contra la violencia, contra la adicción y contra la erosión de las instituciones democráticas. Que así sea.
