- Colombia lideró propuestas clave en la XXXII Reunión del Comité Andino de Minería Ilegal y la II Reunión de Alto Nivel Estratégico sobre el Impacto Integral de la Minería Ilegal, celebradas en Lima, con el propósito de definir una hoja de ruta regional para enfrentar este delito transnacional.
Lima, 21 de octubre de 2025
El 20 y 21 de octubre, los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) – Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú – se reunieron en la capital peruana para avanzar en la implementación del Plan de Acción 2025-2030 del Comité Andino de Minería Ilegal.
La delegación colombiana, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales, contó con la participación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Durante las jornadas, los representantes de los países andinos y de organismos internacionales como la UNODC, INTERPOL, la OEA y la OCDE compartieron experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la cooperación judicial, la fiscalización y la inteligencia transfronteriza contra las redes criminales vinculadas con la minería ilegal y los delitos ambientales conexos.
Entre los principales acuerdos, se destacó la creación de un grupo de trabajo permanente para la trazabilidad de minerales críticos , el desarrollo de criterios comunes para la medición y control del comercio ilícito y la armonización de los procedimientos de investigación criminal en los países miembros. Asimismo, se acordó impulsar una plataforma regional de intercambio de información y buenas prácticas y fortalecer el Observatorio Andino de Seguridad (OSSCAN) para la toma de decisiones basadas en evidencia.
De manera transversal, se propuso intensificar el diálogo con las comunidades que habitan en zonas afectadas por la minería ilegal, con el fin de promover alternativas sostenibles y prevenir la expansión de esta actividad ilícita.
El encuentro, organizado por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reafirmó el compromiso de los países andinos con una respuesta coordinada, técnica y humana frente a una de las principales amenazas ambientales y de seguridad de la región.
