Bogotá, 31 de enero de 2026

Cerca de $165 mil millones correspondientes a impuestos creados al amparo de la Emergencia Económica y Social, actualmente suspendida de manera transitoria por la Corte Constitucional mientras se adopta un fallo de fondo, quedaron en incertidumbre y podrían no ser recaudados.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estos ingresos estaban asociados al IVA del 19 % en la venta de licores nacionales, al Impuesto Nacional al Consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1 % sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

La cartera explicó que dichas obligaciones ya estaban causadas hasta el 29 de enero, y su recaudo estaba previsto para los meses de febrero y marzo de 2026, de acuerdo con el calendario tributario vigente.

Ante este escenario, el Ministerio advirtió que la situación obliga a redoblar esfuerzos, explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público, con el objetivo de evitar impactos en la prestación de servicios esenciales como salud y educación, y en el bienestar general de la población.

Lo que se alcanzó a recaudar

Según cifras oficiales, como resultado de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica y Social, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró recaudar cerca de $1,65 billones hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera cautelar el estado de excepción.

De ese total, $1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos, beneficio al que se acogieron 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros.

Adicionalmente, el Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, generó un recaudo de $23.800 millones, mientras que el IVA del 19 % a las importaciones de licores aportó $1.200 millones.

La entidad señaló que estas medidas contribuyeron a mejorar el cumplimiento tributario y permitieron generar ingresos inmediatos para las finanzas públicas. No obstante, la suspensión de la Emergencia Económica impactará los recursos destinados a salud y educación, lo que obliga a buscar mecanismos que garanticen la continuidad de estos servicios esenciales.

“Los recursos públicos no son solo cifras en un balance fiscal: representan atención médica, educación, medicamentos y programas sociales que sostienen la vida cotidiana de millones de colombianos. Cuando una fuente de financiación se suspende, el impacto trasciende lo fiscal y se refleja en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales”, concluyó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.