Foto: @SenadoGovCo/X
La Comisión Séptima del Senado de la República ha anunciado el veredicto sobre la controvertida reforma a la salud tras una extensa sesión de más de siete horas de discusión.
El Congreso de la República de Colombia ha marcado un hito significativo en la política nacional al hundir la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. En una votación llevada a cabo por la Comisión Séptima del Senado, se decidió archivar la ponencia negativa del proyecto de ley que tenía como objetivo una transformación integral del sistema sanitario del país. Con nueve votos a favor del archivo y cinco en contra, esta decisión refleja un punto de inflexión en el panorama político actual.
La caída de esta reforma representa, indudablemente, una de las derrotas políticas más contundentes para el Gobierno de Gustavo Petro durante su mandato. Este revés se produce en un contexto marcado por la intervención de la Superintendencia de Salud a dos de las entidades más relevantes del sector: la EPS Sanitas, con una afiliación que supera los 5,7 millones de ciudadanos, y la Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de usuarios.
El desenlace de esta votación pone de relieve la complejidad y los desafíos inherentes a la reforma del sistema de salud en Colombia. A pesar de los esfuerzos y la voluntad política expresada por el Gobierno, el rechazo parlamentario refleja la necesidad de un consenso más amplio y un abordaje integral de la problemática sanitaria en el país.
Es imperativo destacar que la atención y el debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano no deben detenerse en este punto. Más bien, este acontecimiento debe servir como un llamado a la reflexión y la acción colectiva para encontrar soluciones sostenibles y equitativas que garanticen el acceso universal a la atención médica de calidad para todos los ciudadanos.
El presidente Gustavo Petro ha anunciado una medida sin precedentes tras el revés sufrido en el Congreso con respecto a la reforma a la salud. Mediante un decreto presidencial, y en ejercicio de sus facultades constitucionales como reordenador del sistema de salud, se implementará un nuevo modelo que incluye la intervención de las EPS, evitando así una posible quiebra generalizada y la liquidación abrupta del sistema.
En sus declaraciones, el mandatario destacó la necesidad de salvaguardar el funcionamiento del sistema de salud y denunció la influencia de ciertos congresistas que habrían recibido pagos de una EPS durante sus campañas, lo que habría incidido en el resultado legislativo.
Asimismo, Petro hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para colaborar en la construcción de redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales en coordinación con el Ministerio de Salud. Destacó la importancia de que ninguna institución prestadora de servicios de salud, ya sea pública o privada, sea excluida de este proceso.
En cuanto a la regulación de tarifas, se anunció que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será la encargada de establecer un sistema tarifario que servirá como base para las auditorías y garantizará la transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud.
Esta medida, aunque unilateral, busca asegurar la continuidad y la calidad de la atención en salud para todos los ciudadanos, mientras se busca alcanzar un consenso político más amplio en torno a la reforma integral del sistema de salud en el país.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, intervino momentos previos a la votación con el objetivo de defender una última vez la reforma a la salud. En sus declaraciones, Jaramillo subrayó que ante el hundimiento del proyecto, el Gobierno orientará sus esfuerzos hacia un proceso constituyente, haciendo eco a la propuesta previamente planteada por el presidente en relación con una Asamblea Nacional Constituyente.
Las palabras del ministro reflejan el compromiso del Gobierno con la búsqueda de soluciones integrales para mejorar el sistema de salud del país. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y argumentos esgrimidos, el resultado de la votación no fue favorable para la continuidad del proyecto.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó el respeto del Gobierno por la democracia y el orden institucional, aunque expresó su discrepancia con la decisión de los senadores. Velasco destacó que en ningún momento se cuestionó la necesidad de una reforma a la salud, cuestionando así el motivo detrás del archivamiento del proyecto.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la mayoría de la comisión optó por hundir definitivamente la reforma, la cual había estado en proceso legislativo durante más de quince meses. Ahora, el Gobierno se enfrenta al desafío de construir una nueva propuesta de reforma desde cero, la cual deberá presentarse en la próxima legislatura a partir del 20 de julio.
En última instancia, la responsabilidad de definir el rumbo del sistema de salud recae en el presidente y su equipo de gobierno. Es crucial que se tome en consideración la voz de la ciudadanía y se trabaje en consenso para diseñar una propuesta que garantice el acceso universal a una atención médica de calidad. El futuro del sistema de salud colombiano está en manos del liderazgo gubernamental, y es imperativo que se actúe con diligencia y responsabilidad en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los ciudadanos del país.
