Risaralda extiende declaratoria de calamidad pública por seis meses para mitigar riesgos

El departamento ha identificado 59 puntos críticos en la infraestructura vial debido a las intensas lluvias de los últimos meses.

Con el respaldo del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres decidió extender la declaratoria de calamidad pública por seis meses para fortalecer las acciones de mitigación de desastres en las zonas más afectadas por las lluvias recientes. La extensión de la declaratoria permitirá continuar con intervenciones y medidas preventivas necesarias para reducir el impacto de posibles emergencias en el departamento.

Los recursos destinados a estas obras ascienden a más de $5 mil millones, que se emplearán en cinco puntos críticos viales ubicados en los municipios de Belén de Umbría, Guática y Marsella, dentro del marco de la declaratoria de calamidad pública.

En adición a estas obras de mitigación, la Gobernación de Risaralda está realizando estudios y diseños valorados en $1.148 millones, financiados a través de regalías, para atender seis puntos críticos adicionales en los municipios de Quinchía (3), Guática, Balboa y Santa Rosa de Cabal. Estas inversiones buscan reforzar la infraestructura y mejorar la resiliencia de las comunidades locales ante riesgos naturales.

La declaratoria de calamidad pública en Risaralda permitirá reforzar las acciones de mitigación de desastres en puntos críticos afectados por las lluvias.

Durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, se analizaron también otros temas de relevancia. La Secretaría de Salud presentó la situación actual de la fiebre amarilla en el país, mientras que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) compartió acciones estratégicas para mitigar el impacto del movimiento en masa que ha afectado el sistema de acueducto de Dosquebradas.

Las diferentes entidades vinculadas al sistema de gestión de riesgos han asumido sus competencias para implementar los protocolos de acción en los temas socializados, permitiendo una respuesta coordinada ante los riesgos presentes.



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