El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, presentó este jueves los hallazgos preliminares tras el primer mes de intervención en las EPS Sanitas, Nueva EPS y SOS. Los informes de los agentes interventores robustecen las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud, y revelan situaciones críticas en cada entidad.
EPS Sanitas
- Gastos administrativos:
El interventor encontró gastos de 104.226 millones de pesos en operación de centros médicos al cierre de 2023. Al respecto, el Superintendente Nacional de Salud aclaró que estos gastos deben ser asumidos por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y no por la EPS, especialmente en casos de integración vertical donde se estaban asumiendo gastos que corresponden a las IPS, a las cuales ya se les estaba pagando por la atención de pacientes. También se reportaron múltiples contratos firmados sin una finalidad específica ni beneficios claros para Sanitas.
- Análisis de la situación en salud y caracterización de la población:
El informe del interventor reveló que no se detallaba la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores ni las brechas en la oferta de servicios. Además, faltaba un análisis de las condiciones sociales y económicas, descripción de patologías de alto costo, programas de intervención y criterios de priorización. Esto puede afectar la capacidad de la EPS para responder adecuadamente a las necesidades de sus afiliados y mejorar la calidad y eficacia de la atención en salud.
- Contrato de suministro y dispensación de medicamentos:
El interventor informó que Sanitas EPS firmó un contrato con una cláusula de exclusividad en favor de la contratista, que impide a la EPS el suministro, dispensación o abastecimiento de medicamentos a sus afiliados directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo permitiera de forma transitoria. No obstante, en el mismo contrato se definió la posibilidad de subcontratar con otros operadores. Esto limita la capacidad de la EPS Sanitas para operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos.
Nueva EPS
- Pasivos ocultos:
De acuerdo con el acta de toma de posesión levantada y entregada al interventor por la Supersalud al momento de la toma de posesión de la EPS, se hallaron 12.645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría, por un valor de más de 4,4 billones de pesos. Estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros, que acumulan un valor de 5,7 billones, lo que multiplica la deuda de esta EPS.
- Falta de reportes de prestadores:
El interventor indicó que la EPS realizaba pagos a los prestadores de servicios de salud; sin embargo, no solicitaba reportes de atención, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en salud. En el primer trimestre de 2024, la suficiencia de la red fue del 87.7%, con brechas del 12.3%. Los departamentos con mayor dificultad en la prestación son Cundinamarca y Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Huila.
- Incremento en el gasto médico:
El interventor señaló que entre las vigencias 2022 y 2023 el gasto médico dentro de la Nueva EPS se incrementó en un 58%, producto de los ajustes realizados a las reservas técnicas, lo que generó un indicador de siniestralidad del 118.93%. De acuerdo con el informe, los resultados en esta EPS son cada vez peores.
- Registro inconsistente de anticipos:
La Contralora designada para el seguimiento de la intervención también informó sobre inconsistencias en el registro de los anticipos otorgados a prestadores y proveedores de la EPS. En marzo de 2024 se reportaron facturas pendientes de legalización desde 2008.
EPS SOS – Servicio Occidental de Salud
- Concentración del nivel primario:
Una de las observaciones más significativas por parte del agente interventor tiene relación con el riesgo de la EPS en la concentración del nivel primario en un solo prestador (Comfandi) que, además, tiene la condición de vinculado, lo que dificulta la evaluación de eficiencia.
- Baja ejecución de contratos PGP:
El interventor manifestó que los contratos de Pago Global Prospectivo (PGP) suscritos con Comfandi presentaron una baja ejecución del 82.35%, lo que equivale a 19.629 millones de pesos, además de bajos desempeños en periodos anteriores sin haberse realizado los recobros correspondientes. Existe dificultad para recobrar recursos por servicios prestados por otras IPS debido a inconsistencias en el contrato actual, lo que representa más de 14 mil millones de pesos por recobrar.
Luis Carlos Leal Angarita afirmó: “Todos estos hallazgos requieren un análisis mucho más profundo que evaluaremos junto al plan de trabajo presentado por cada interventor. Como Superintendencia, tenemos la responsabilidad de verificar que se cumpla ese plan para garantizar el uso adecuado de los recursos de salud y proteger la vida de las personas”.
(P.R)
