La Superintendencia de Transporte ha intensificado su vigilancia sobre el cumplimiento del Sistema de Costos Eficientes de Transporte de Carga (SICE-TAC), logrando imponer sanciones en 1.483 procesos por presuntas infracciones, acumulando más de $40 mil millones en multas.
La entidad también ha requerido información a 3.023 empresas del sector y ha iniciado 2.287 averiguaciones preliminares.
Estas acciones se han facilitado gracias al uso de herramientas tecnológicas avanzadas, respondiendo a las demandas de los gremios del transporte de carga que buscan mejoras en la regulación de costos para levantar el cese de actividades en varias regiones del país.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, se refirió a la preocupación de los transportadores por el aumento del precio del diésel, confirmando que el Gobierno ha decidido congelar el precio del galón de Acpm mientras se llega a un acuerdo con los transportadores.
Respecto al programa de reposición vehicular “uno a uno”, el ministro Bonilla señaló que, aunque este programa ya está en funcionamiento y financiado, se enfrenta a un problema de sobredimensionamiento del parque automotor debido al ingreso de vehículos adicionales que no tienen carga.
“Ellos quisieran racionalizar ese exceso, pero depende más de ellos que del Gobierno”, afirmó el ministro, subrayando que los empresarios están introduciendo más camiones usados, agravando el problema.
En cuanto a los fletes, otro tema de interés para los transportadores, Bonilla aclaró que no es un asunto que dependa directamente del Gobierno, pero que la Superintendencia de Transporte está vigilando las denuncias de los gremios sobre insuficiencia de pagos por parte de los generadores de carga.
Finalmente, la Superintendencia ha requerido a 1.138 empresas por presuntas infracciones al régimen de relaciones económicas y los mínimos establecidos por el SICE-TAC, con base en reportes del Registro Nacional de Despachos de Carga de 2022.
Además, se han iniciado actuaciones preliminares contra 46 generadores de carga para evaluar su responsabilidad en posibles violaciones.
(P.R)
