Bogotá, 29 de enero de 2026

El Grupo Ecopetrol evalúa varias acciones tendientes a contrarrestar el impacto que genera la decisión del gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 900% al transporte del crudo colombiano utilizando la infraestructura del vecino país.

De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), operado por Petroecuador, compañía estatal del vecino país, la empresa colombiana transporta entre 8.500 y 10 mil barriles de crudo, de los 30 mil que mueve esa infraestructura.

El incremento arancelario impuesto por el gobierno del presidente Daniel Noboa implica “afectaciones costosísimas” para el transporte del crudo colombiano, aseguró Roa Barragán.

“A nosotros, ese activo nos cuesta 5,7 dólares por barril de transporte en el Sote, teníamos una tarifa negociada con Ecuador de 2,7 dólares por barril, pero con esta medida arancelaría se vuelve casi 30 dólares por barril, lo que nos lleva a pensar en otras alternativas”, explicó.

Una de esas posibles alternativas es la reactivación del Oleoducto Trasandino “que va a tomar meses y que además requiere invertir unos 20 millones de dólares en una zona de alto conflicto”, dijo.

Otra posibilidad que planteó el directivo es utilizar su propia infraestructura de transporte a través de Babillas, Guaduas y Vasconia para llevar el crudo hasta el Oleoducto Central (ODC) y de allí exportarlo hasta Coveñas.

“Esto va a tener una tarifa de entre 12 y 15 dólares por barril, porque va a representar la implementación de una actividad altamente demandante de logística por las vías: la contratación de unos 150 camiones para transportar el crudo hacia el ODC, y de allí a Coveñas para su exportación”, añadió el presidente del Grupo Ecopetrol.

También planteó la posibilidad de pedirle a la Corte Constitucional que module el fallo que adoptó el año pasado a través de la Sentencia T-390 de 2025, en la que el tribunal impone a Ecopetrol no reactivar la operación del Oleoducto Trasandino hasta tanto no se cumpla una serie de exigencias de protección a las comunidades Awá que formuló a varias entidades del Estado, entre ellas el ministerio de Ambiente y la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales).

Dicha sentencia también ordenó a Ecopetrol hacer estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para pensar en un nuevo trazado de ese oleoducto sin afectación a las comunidades Awá, en el departamento de Nariño.

Incluso, Roa Barragán no descartó que Ecopetrol active el tribunal de justicia creado por el Acuerdo de Cartagena (1969) e incorporado a la Comunidad Andina de Naciones para evitar, justamente, “la afectación económica grave por la restricción al libre comercio de un energético estratégico para Colombia”.

No obstante, dijo que la solución a esta situación debe ser diplomática: “vamos a trabajar de manera articulada con otras instancias del Estado, la Cancillería, el ministerio de Minas y Energía esperando que se resuelva, por la vía diplomática”.

El arancel del 900% impuesto por Ecuador para el transporte del crudo colombiano a través del Sote, que pasó de US$3 a US$30 por barril comenzó a regir desde el pasado 23 de enero.

Con información del Grupo Ecopetrol