Por Humberto Tobón.
El gobierno nacional se comprometió a disponer de los recursos suficientes para atender la emergencia que viven Risaralda, Caldas, Chocó, Valle del Cauca y otros más, como consecuencia del terremoto ocurrido el 10 de agosto y para ello emitió la declaratoria de emergencia, que empieza a ser reglamentada y clarificada, para saber exactamente de dónde saldrán los recursos.
El costo para atender esta emergencia y reconstruir la zona afectada por el terremoto tiene una cifra aproximada por parte del gobierno de 30 billones de pesos, lo que implicará un ajuste fiscal sin precedentes y una reforma tributaria que no eliminará impuestos, sino que tendrá que sostenerlos o aumentarlos. Además de lanzar un plan de lucha contra la evasión y reducir los innumerables beneficios tributarios existentes.
Hablar de inversiones entre 9.000 y 13.000 millones de dólares para los próximos seis u ocho años, que es el plazo que podría requerirse para la reconstrucción de las infraestructuras sociales, privadas, económicas e institucionales, implica un gran esfuerzo de todos los actores nacionales.
El gobierno central ha anunciado que solicitará un crédito del Banco Mundial por 450 millones de dólares para atender a los damnificados de los desastres del país y recuperar la economía. Este Banco ya tiene una línea de crédito para emergencia con destino a Colombia por 200 millones de dólares. También hay ofrecimientos del BID por 300 millones de dólares. Los grandes empresarios han señalado que harán donaciones por 1.3 billones. Con todo esto apenas sí se financiaría máximo el 10% de los potenciales requerimientos de gastos.
Lo fundamental de las decisiones que adopta el gobierno nacional es que se puedan ejecutar a tiempo, porque la dimensión de la tragedia no da espera, dada la cantidad de familias y empresarios que perdieron totalmente sus viviendas y negocios, o que debieron abandonar totalmente o suspender operaciones dadas las pésimas condiciones de las estructuras físicas.
El proceso inicial fue el rescate de las víctimas, así como brindar ayuda humanitaria a los damnificados y recoger todos los escombros y disponerlos en los sitios autorizados. Con los espacios despejados, se ha acelerado el proceso de verificación de daños, identificación y depuración del censo de afectados y cálculo de los costos de la reconstrucción, definiendo las fuentes de los recursos y su distribución.
Por eso es tan importante que los gobiernos territoriales consoliden en el menor tiempo posible las gerencias de reconstrucción y las unidades de coordinación técnica especializada, para tener listos los proyectos que deben ser presentados para lograr la financiación.
Economista y periodista
