Por Humberto Tobón.
La reconstrucción es una responsabilidad del gobierno nacional. Es el presidente de la república quien tiene la obligación de liderar el proceso y asegurar los recursos económicos y técnicos para atender 470 municipios de 16 departamentos afectados por el terremoto de agosto pasado. Según el presidente De La Espriella esta reconstrucción requiere entre 30 y 40 billones de pesos para ser ejecutados en los próximos seis años.
Municipios y departamentos tienen la esperanza puesta en la gestión de la administración central, porque con excepción de Antioquia y Valle, el resto tiene alcaldías y gobernaciones con unas finanzas bastante lánguidas, que difícilmente cuentan con la capacidad de aportar para la emergencia humanitaria.
En el caso específico de Risaralda, sus finanzas muestran que las proyecciones de recaudo para 2026 no se cumplirán y dejarán un déficit cercano a los 50 mil millones de pesos, que necesariamente afectarán las inversiones previstas para el último trimestre de 2026 y el año fiscal de 2027.
El bajo recaudo se producirá por razones obvias: menores ingresos por el impuesto del consumo de cerveza, licores y cigarrillos; así como caída proyectada en el pago de impuestos de automotores, registro y anotaciones por compraventa de bienes raíces y estampillas.
A esto se agrega que el gobierno nacional ha venido descargando su responsabilidad de financiar el programa de alimentación escolar en gobernaciones y alcaldías, en una actitud francamente irresponsable, que al departamento de Risaralda le cuesta cerca de 28 mil millones de pesos anuales, restringiendo de esta manera la atención a otros programas sociales.
Y ni qué decir de las responsabilidades que le entrega el gobierno nacional a los departamentos en materia de aseguramiento de salud, cuando es una obligación que debe cumplir la administración central.
Es en estos momentos de crisis donde se evidencia la fragilidad de las finanzas públicas territoriales y queda al desnudo el hecho reiterado y cada vez más grave de la descentralización de funciones sin el acompañamiento de los recursos necesarios.
No es posible exigirle al gobernador de Risaralda, ni a los gobernadores de los departamentos que están afectados por el terremoto, que asuman los costos de la reconstrucción, porque fiscalmente las gobernaciones no tienen mucho de dónde coger.
De todas maneras, con un gran esfuerzo el gobernador de Risaralda aportará alrededor de 120 mil millones de pesos al proceso de reconstrucción del departamento, sumando dinero procedente de regalías y de redireccionar recursos propios de libre destinación. El aporte territorial a la reconstrucción local representaría el 1,2% de las necesidades de financiación, que se calculan en 10 billones de pesos en Risaralda.
En esencia, si el gobierno colombiano quiere ayudar a Risaralda y a otros departamentos afectados, para evitar que se ahoguen financieramente, debería asignar recursos extraordinarios de fondos de emergencia nacional para compensar el déficit presupuestal. Además, procurar la flexibilización de las reglas fiscales, como la ley 617 y ampliar los límites de endeudamiento de los departamentos ante las necesidades originadas por la tragedia.
Así mismo, el aporte del gobierno del presidente De La Espriella debería ir en dirección de financiar con recursos del presupuesto nacional, como debe ser, el programa de alimentación escolar y asumir el costo de la matriz de aseguramiento de salud en lo que resta de 2026 y durante 2027.
·Economista y Periodista
