Por Humberto Tobón.
Familias de estratos medios y altos perdieron sus viviendas. Muchas de ellas tenían vigentes pólizas de seguros que cubrían los terremotos. Están a la espera de los trámites con las aseguradoras para poder reparar o reponer sus bienes. Sin embargo, muchas familias de esos estratos no contaban con este aseguramiento y son ellos los que enfrentan la peor tragedia.
Su tragedia es peor porque a pesar de ser damnificados, no son sujetos de ningún beneficio del Estado, que está dirigido casi que exclusivamente a los sectores más pobres y marginados. Además, estas familias sufren de “vergüenza social”, o sea, no están dispuestas, a pesar de las circunstancias, a mostrarse públicamente como gente con necesidad de ayuda institucional y por eso no aplican a los procedimientos para obtener subsidios o ayudas humanitarias.
Personas afectadas que habitan sectores exclusivos de las ciudades dañadas por el terremoto están viviendo con sus familiares y amigos. Una situación que ellas nunca previeron y que les incomoda, a pesar de la acogida sincera y solidaria de sus anfitriones.
Aunque estas redes de apoyo han sido esenciales, la convivencia forzada puede generar hacinamiento, tensiones, gastos adicionales y pérdida de privacidad. Según relatos de personas afectadas, algunos hogares incluso salieron de Pereira para instalarse en municipios de otros departamentos, una decisión que implica dificultades en la movilidad para acceder a sus empleos, centros de estudio, negocios y círculos de apoyo.
Para gran parte de los hogares afectados, su patrimonio estaba concentrado en un apartamento, un bien adquirido durante años de trabajo y con créditos bancarios, que muchas familias aún adeudan. Entre estos damnificados de estratos altos y medio altos también hay gentes que dependen exclusivamente de la pensión y no tienen la capacidad ni el tiempo de volver a construir su patrimonio.
Se ha venido alertando desde diferentes sectores sobre la existencia de esta población que ha quedado por fuera del foco de las prioridades de inversión pública, dado que la mayoría de las autoridades no reconoce plenamente la magnitud de sus necesidades.
En momentos como este de la tragedia ocasionada por el terremoto de agosto pasado, se vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la existencia de la estratificación socioeconómica, basada en la ubicación geográfica y la calidad de la vivienda, pero que no toma en cuenta, como debería ser, otras variables, entre ellas los ingresos de las familias, su composición, la edad de los ocupantes, etc. El estrato de una vivienda tal como está concebido hoy no refleja el dinero disponible, el nivel de endeudamiento ni la posibilidad real de cubrir arriendo, alimentación, transporte y reparaciones.
Bien vale la pena, siguiendo la preocupación manifestada por diferentes actores sociales, que exista una verificación oficial minuciosa sobre la situación que viven las familias damnificadas, poniendo atención en aquellas que no aplican para las ayudas estatales, pero que hoy requieren de la institucionalidad pública.
Economista y Periodista
