Bogotá, 4 de noviembre de 2026.
El Presidente Abelardo De La Espriella resaltó la aprobación del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia en el Congreso de la República, una norma que establece un nuevo marco jurídico para el desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto en el país, cobijado en la prórroga de la Ley 418 de 1997 o Ley de Orden Público.
“¡Habemus Ley de Sometimiento!”, expresó el Jefe de Estado al celebrar la aprobación del proyecto de ley presentado por su Gobierno.
El Mandatario fue enfático en señalar que esta decisión representa un cambio frente a la política de falsa paz implementada por el gobierno anterior.
“La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó el Presidente, quien subrayó que su administración continuará trabajando por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de los colombianos.
Al celebrar la decisión del Legislativo, el Jefe de Estado destacó el trabajo del Ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien reconoció su compromiso y dedicación para sacar adelante el proyecto en el Legislativo.
Asimismo, agradeció al Congreso de la República por respaldar la propuesta y contribuir al fortalecimiento de la justicia.
“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, manifestó el Mandatario.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó la culminación del trámite legislativo y agradeció a los congresistas y demás participantes en la construcción y discusión del proyecto.
“Culminamos una jornada decisiva para el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia. Quiero agradecer a los congresistas, a los coordinadores y ponentes, y a todos los sectores que participaron en su construcción y discusión responsable con el país”, afirmó Cancino.
Nuevo marco jurídico para las estructuras criminales
El proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia establece un mecanismo jurídico dirigido al desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. Uno de sus principales lineamientos es que descarta el reconocimiento de estatus político a estas estructuras narcoterroristas y no contempla mesas de negociación política con sus integrantes.
En materia de sanciones, el texto aprobado en Senado y Cámara de Representantes contempla penas mínimas de 10 años de prisión para los mandos de las organizaciones criminales. También establece reducciones de hasta el 50 % para integrantes de base y del 30 % para cabecillas, de acuerdo con las condiciones previstas en la Ley.
Otro de los temas centrales de la iniciativa es que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Equipo Revista Espectacular2000 – Oficina de Prensa del Presidente de la República de Colombia
