- En su rol de coordinador de la Subcomisión de Seguridad Pública de la OTCA, el país resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación regional sostenida, práctica y orientada a resultados, proteger a las comunidades y enfrentar de manera integral la delincuencia organizada transnacional que afecta a la Amazonía.
Viena, octubre de 2026.
En el marco de la 13.ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), Colombia presentó cinco líneas prioritarias de cooperación para enfrentar las economías ilícitas y la delincuencia organizada transnacional en la Amazonía. La propuesta se dio a conocer durante el evento paralelo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), donde Colombia intervino como coordinador de la Subcomisión de Seguridad Pública, liderazgo que ejerce desde el pasado 8 de octubre.
En la intervención, a cargo del Encargado de Negocios a.i., Embajador Alonso Lozada de la Cruz, de la Misión Permanente de Colombia en Viena, el país propuso:
- Mejorar el intercambio de información por canales seguros, así como los diagnósticos conjuntos y las alertas tempranas entre los países.
- Agilizar la asistencia judicial entre Estados y conformar equipos conjuntos para investigar delitos ambientales y financieros.
- Reforzar el rastreo del dinero ilícito y la incautación de bienes, mediante una mayor coordinación entre las unidades de inteligencia financiera y la justicia.
- Ampliar las capacidades humanas, técnicas, tecnológicas, logísticas y de seguridad de las instituciones, de acuerdo con las necesidades de formación que cada país ha identificado.
- Acercar las legislaciones nacionales y la tipificación de los delitos ambientales, para superar las barreras que hoy dificultan la cooperación judicial, como el requisito de doble incriminación.
Estas propuestas buscan responder a la forma en que operan las economías ilícitas en la Amazonía. Según lo expresado por Colombia, la deforestación, la minería ilegal, el tráfico de fauna, el narcotráfico, el control armado de territorios y la explotación de personas suelen estar conectados, pues comparten organizaciones, rutas, logística y fuentes de financiación. Por eso, la respuesta debe dirigirse a la red criminal completa y no a cada delito por separado. Esto incluye perseguir el abastecimiento, el transporte, la comercialización y el lavado de las ganancias, además de actuar en los lugares de extracción.
En el caso de la minería ilegal, Colombia señaló como prioridad cortar el suministro de maquinaria, combustibles, químicos y otros insumos que permiten su funcionamiento.
Como primer paso de su coordinación, el país impulsará la consolidación del Directorio Regional de Autoridades Competentes y de una red de puntos focales. El objetivo es que las instituciones de los países amazónicos se comuniquen de forma más directa y coordinen con mayor rapidez sus acciones en las zonas de frontera.
Colombia también subrayó que estas acciones deben desarrollarse con un enfoque centrado en las personas. Los pueblos indígenas, incluidos los pueblos en aislamiento, las comunidades locales y los defensores ambientales enfrentan riesgos directos derivados de estas economías ilícitas. Por ello, su protección y participación deben constituir componentes esenciales de las respuestas de seguridad pública en la Amazonía.
Finalmente, Colombia ratificó su compromiso con la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transfronterizos y Transnacionales de la Amazonía (CESPIT) y con una cooperación regional continua, concreta y enfocada en resultados para proteger a las comunidades amazónicas y enfrentar de manera integral el crimen organizado transnacional.
Equipo Revista Espectacular2000 – M.R.E
