Por Humberto Tobón.
En Colombia, el 76,5% de la población vive en zonas urbanas y el 23,5% en áreas rurales, una proporción opuesta a la de mediados del siglo XX. La violencia, la industrialización, el fomento del desarrollo urbano y el abandono del campo han impulsado esta transformación, similar a la del resto de América Latina.
La tendencia es evidente en el área metropolitana del centro occidente: el 84,5% de la población de Pereira reside en la zona urbana; en Dosquebradas, cuarta ciudad más importante de la región, la proporción alcanza el 97%, y en La Virginia el 98%.
Muchos migrantes que llegan a esta zona metropolitana provienen de pequeños municipios y áreas rurales y viven en condiciones de pobreza. Ante la falta de una oferta institucional de suelo, numerosas familias ocupan de forma desordenada o ilegal terrenos periféricos y peligrosos, lo que perpetúa la precariedad, el deterioro ambiental y la inequidad.
A la vez, la creciente demanda urbana de servicios públicos, transporte, empleo, educación, salud, vivienda y seguridad desborda la capacidad institucional. Estos municipios metropolitanos necesitan gobiernos responsables que recuperen el control territorial, promuevan soluciones de alto impacto social y protejan las áreas de reserva y los suelos de valor ambiental, tanto para conservar los recursos naturales como para reducir riesgos y prevenir desastres.
En términos simples, la concentración de la actividad económica en las ciudades atrae a más personas en busca de empleo y educación. Este fenómeno eleva la demanda de infraestructura y servicios, presiona las finanzas públicas y agudiza problemas como la expansión desordenada, la ocupación de zonas de riesgo, el desempleo, la informalidad, el deterioro del espacio público, las dificultades de movilidad, la gestión inadecuada de residuos, la violencia y la percepción de inseguridad.
Ante esta realidad, la planeación territorial debe ser prioritaria. Las afectaciones urbanísticas, por ejemplo, deben reservar predios para obras públicas y limitar la expedición de nuevas licencias. De lo contrario, el Estado acaba comprando a un precio más alto los terrenos requeridos para construir vías, puentes, parques, escuelas o centros de salud.
Para asegurar la viabilidad de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, sobre todo cuando resulta indispensable una reconstrucción exitosa tras el terremoto de agosto pasado, los gobiernos deberían crear bancos locales de tierras, legalizar los barrios ubicados en terrenos seguros para facilitar las obras urbanas y recuperar las áreas de cesión. En casos extremos, podrían recurrir a la enajenación voluntaria o a la expropiación por razones de utilidad pública, interés social o emergencia.
También existen mecanismos de financiación, como la valorización, la participación en plusvalía y los derechos de construcción, que permiten costear obras de interés colectivo. Sin embargo, recuperar la gobernabilidad urbana requiere además reforzar la inspección y la vigilancia y ampliar la participación ciudadana.
Los líderes políticos, los responsables de gobierno y las fuerzas sociales deben reconocer que el crecimiento urbano incide directamente en el desarrollo humano, la economía, la convivencia y el medio ambiente. Por ello, la planeación responsable debe ser permanente, ya que ignorarla conduce a un desarrollo insuficiente.
Tampoco debe olvidarse que la concentración de la población y de la actividad productiva en las ciudades reduce la participación de las zonas rurales en la formación de capital y limita su acceso al desarrollo y al bienestar. Esto empuja a una población rural cada vez menor a condiciones de pobreza cercanas a la miseria y la obliga a migrar hacia ciudades que ofrecen mejores oportunidades de vida y desarrollo humano. Pensar y actuar en favor del desarrollo rural es, por tanto, un compromiso inaplazable para evitar que la crisis urbana siga profundizándose.
Economista y Periodista
